SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, acompañada por la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, y del director general de Inclusión y Atención Humanitaria, Francisco Dorado, han mantenido este miércoles una reunión telemática con representantes de la Junta de Andalucía para informar acerca de la implantación del 'Protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular', elaborado por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.
La delegada del Gobierno ha expuesto las líneas fundamentales del protocolo de atención sanitaria a las personas que acceden de manera irregular a las costas andaluzas, y ha reiterado "la necesidad de reforzar la cooperación con la administración autonómica para que, durante la atención humanitaria y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, se eviten posibles casos de coronavirus".
En el encuentro, en el que, según informa la Delegación en una nota, también ha participado el general de división Juan Luis Pérez Martínez --responsable de la coordinación de actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes--, Sandra García ha explicado que, "desde la coordinación y la colaboración entre administraciones, se han diseñado los mecanismos sanitarios de un operativo que incluye el aislamiento, durante 14 días, de todas las personas que entren en nuestro país desde el extranjero".
En lo que respecta al período y lugar de cumplimiento de la correspondiente cuarentena, la Orden de Sanidad SND/403/2020, de 11 mayo, determina que estas personas deben "permanecer en su domicilio o alojamiento", que en el caso de las personas llegadas a costa, no es otro que su recurso de acogida.
El director general de Atención Humanitaria, Francisco Dorado, ha explicado que los traslados de personas migrantes a recursos de acogida situados en localidades diferentes a la de llegada tienen plena cobertura jurídica en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. Dicha norma establece que las operaciones de traslado de personas en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria son consideradas actividad esencial.
El protocolo de atención diseñado por la Secretaría de Estado de Migraciones concreta la aplicación práctica de la normativa específica en la materia, y garantiza el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias previstas en caso de que dichos traslados tengan lugar.
Dicho protocolo, ya operativo, se sustenta en cinco líneas de actuación que van desde la distancia social, aislamiento y lavado de manos; utilización de Equipos de Protección Personal Individual; realización de pruebas diagnósticas cuando sea necesario; identificación de casos positivos y trazabilidad y cuarentena de contactos; y, por último, formación del personal.
Sandra García ha señalado que "la situación excepcional generada por la crisis del covid-19 nos obliga a reforzar los mecanismos de coordinación no sólo con todas las administraciones, sino también con las organizaciones de atención humanitaria que trabajan sobre el terreno, de forma encomiable, para evitar nuevos contagios y mantener controlado el virus".
