La mayoría de casos se debe a incumplimientos de las órdenes de demolición de obras no legalizables
GRANADA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Granada impondrá 16 multas coercitivas a distintos propietarios de varios inmuebles que han realizado obras sin la preceptiva licencia municipal o han incumplido la orden de demolición de obras ejecutadas no legalizables.
Según informó en un comunicado la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo granadina, la multa coercitiva es un medio de ejecución forzosa de que goza la administración ante la falta de cumplimiento voluntario de lo ordenado por parte de los administrados. La cuantía en cada caso se impone en aplicación de la ley, y en función de la valoración de la gravedad de la infracción.
Del mismo modo, estas mismas fuentes indicaron que en dos de los casos, los dueños reincidieron hasta en cuatro ocasiones. De las 16 sanciones, en ocho casos las obras ilegales se realizaron en distintos puntos de los polígonos dos, tres y ocho de La Vega y, tras instar a los propietarios a las demoliciones correspondientes, se constató el incumplimiento de lo ordenado.
Por ello, la comisión ejecutiva acordó imponer distintas multas económicas dependiendo de cada caso y según lo recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), además de requerir nuevamente a los propietarios para que procedan a la demolición bajo aviso de nueva multa.
De otro lado, también se impusieron cuatro multas por incumplimiento de órdenes de demolición de obras ejecutadas sin licencia en otros puntos de la ciudad, como el caso de edificios situados en las calles Vicente Alexandre, en plaza de Santa Ana, en calle Arandas y en Francisco de Quevedo. Junto a la multa, Urbanismo requirió nuevamente a los propietarios a la demolición de la actuación, bajo apercibimiento de nueva multa.
Por último, en otros cuatro casos, los incumplimientos se refirieron a la no legalización de obras ya realizadas. Igualmente en estas situaciones, además de imponer la correspondiente multa coercitiva, se acordó instar al propietario a la legalización de la obra bajo apercibimiento de nueva multa.
OCHO RESOLUCIONES SANCIONADORAS.
Además, el servicio de disciplina urbanística elevó a la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo para su aprobación, ocho propuestas de imposición de sanción por distintas infracciones urbanísticas. En cuatro de las propuestas, la valoración de la sanción económica ascendió a 4.500 euros, por ser esta la cuantía media legalmente establecida para las infracciones de carácter grave, de conformidad con la LOUA.
El procedimiento sancionador citado afectó en un primer caso a un edificio situado en la calle Doctor Martín Lagos, cuyo propietario ha realizado obras de reforma integral de la vivienda con modificación de tabiques, de tamaño de huecos de fachada, y de instalaciones, sin la preceptiva licencia municipal.
Corresponde idéntica sanción a tres inmuebles más, ubicados en distintos puntos de la calle Zahareña, en que se han realizado obras de cerramiento de terrazas transitables, se han incorporado balcones a vivienda o se han instalado cubiertas sin las preceptivas licencias. Por otro lado, hubo tres infracciones con sanción de 1.800 euros por obras de reforma sin licencia y una sanción de 600 euros por acondicionamiento de local, igualmente sin licencia.
Por último, en materia de disciplina, la comisión ejecutiva acordó iniciar cuatro procedimientos sancionadores por infracción del orden urbanístico, destacando un caso en que el propietario negó la entrada a la vivienda a los inspectores municipales que, en cumplimiento de sus funciones, trataban de comprobar la legalidad de las obras realizadas.
Según consta en el expediente citado, la obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora, puede ser constitutiva de infracción tipificada en la LOUA como grave, y a la que, en su grado mínimo, puede corresponder la sanción de 3.000 euros. Ante los hechos y de conformidad con lo legalmente establecido, Urbanismo acordó iniciar procedimiento sancionador y conceder al interesado un plazo de quince días para que aporte alegaciones y documentación que corresponda.
En todos los casos descritos, los acuerdos y actuaciones de la Gerencia de Urbanismo persiguen como principales objetivos velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, evitar que se ejecuten obras sin las licencias y controles necesarios y restaurar el orden urbanístico infringido.
