GRANADA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los tres inspectores de Hacienda que hoy declararon en calidad de peritos en la segunda sesión de la vista oral en la Audiencia Provincial de Granada contra el constructor granadino Ávila Rojas, acusado de la posible defraudación a Hacienda en 2001 y 2002 en sendas operaciones inmobiliarias, consideraron que debía haber abonado el concepto de IVA en esas transacciones, puesto que se le considera empresario profesional, por lo que pudo incurrir en delito fiscal.
Así lo expusieron en contra de lo defendido por el promotor, imputado en la operación 'Malaya', al entender que, aunque tras la compraventa de las dos fincas en Marbella (Málaga) no se llegó a urbanizar los terrenos, Ávila Rojas no está aislado de sus empresas, todas relacionadas con el sector inmobiliario, en el que cuenta con más de diez oficinas y 400 empleados.
Por contra, los peritos propuestos por la defensa señalaron que Ávila Rojas no actuaba en calidad de empresario en ambas operaciones, en 2001 con la compraventa de 'Las Monjas' y en 2002 con la del Coto de los Dolores, y que, de cualquier forma, habría de haber sido él quien, como vendedor, contemplara el IVA en la escritura --en el primero de los casos en cuestión-- y no el comprador. Así, indicaron que, al no considerarse en esas dos transacciones empresario profesional, no sería sujeto pasivo de IVA.
La sesión de hoy, en la que ofrecieron su testimonio siete personas más en calidad de testigos, comenzó con la declaración del empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como 'Sandokán' y también implicado en la operación 'Malaya', propietario de Arenal 2000, que compró la segunda de las fincas en 2002, y que dijo no recordar la operación, que realizó en todo momento con Andrés Liétor, apoderado de CCF 21.
De igual modo, señaló que no tenía constancia de que los terrenos en cuestión, el Coto de los Dolores, pertenecieran en un 50 por ciento a Ávila Rojas, algo que corroboró su hijo, que también declaró en la vista en calidad de testigo. Ambos dijeron no recordar la razón de la subida del precio en tres millones de euros, toda vez que se subsanara la escritura en segunda instancia.
El que fuera director general de Promociones Espacio --entidad que ejerce la acusación particular-- que compró la primera de las fincas, la de 'Las Monjas', a Ávila Rojas y CCF21, propietarios de los terrenos después de haberlos comprado ese mismo día, dijo haberse sentido "engañado" por la transacción, ya que con la firma de la escritura la empresa abonó la cantidad correspondiente al IVA, más de 900.000 euros, que Ávila Rojas no pagó al considerar que no debía hacerlo puesto que no actuaba como empresario.
IMPORTE NO ABONADO.
Según reconoció, el constructor granadino le remitió un burofax año y medio después prometiéndole abonar la cantidad, en concepto de Impuesto de Transmisión Patrimonial, que, sin embargo, hasta ahora no ha pagado, según señaló el testigo.
Por otro lado, la directora financiera de CCF21 durante seis años se refirió, al ser preguntada por ello, a un documento que firmó sobre la renuncia de su empresa a cualquier aprovechamiento urbanístico en 'Las Monjas', después de que Ávila Rojas firmara un convenio con el Ayuntamiento de Marbella para el aumento de su edificabilidad, algo que a la también apoderada de la entidad no le pareció "lógico" ni "habitual".
La persona que participó en la redacción del IRPF de Ávila Rojas de 2001 y 2002, años en los que se produjo la compra-venta de los terrenos, aclaró por otra parte que la actividad económica del constructor especificada en sus declaraciones era la que le remitían de su empresa, por lo que, si no se contemplaron las operaciones enjuiciadas, es porque no se le comunicaron al gabinete para el que trabaja la testigo.
El último de los testigos citados para hoy fue el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, que dijo desconocer los términos contemplados en el convenio suscrito con Ávila Rojas por 'Las Monjas', de 26.000 metros cuadrados, algo que, según aseguró, "jamás" ha conocido, puesto que se le limitaba a firmar y a preguntar a los funcionarios si eran correctos o no.
El Ministerio Fiscal, que pide en su calificación provisional ocho años de cárcel para el constructor y una multa de 20 millones de euros e indemnización de casi cinco por cuatro delitos contra la Haicenda Pública, presentará, junto con el resto de las partes, sus conclusiones definitivas en la sesión de mañana.
