Considera que en este caso "se ha magnificado" conceptos como el de intruso o creado conceptos "inexistentes" como el de sobrecomisiones
SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado este martes que el procedimiento de concesión de ayudas "le fue impuesto" a su cliente, "autorizado" por la Intervención General de la Junta y "conocido por demasiadas personas para mantener que fue un sistema opaco".
El abogado José Ávila, que defiende desde abril a Guerrero, quien se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación, ha asegurado que, tras los reparos de la Intervención General de la Junta en el año 2000 a las ayudas de Hijos de Andrés Molina, "existe un sistema normativo perfectamente autorizado por el ex interventor general, el acusado Manuel Gómez, el mismo sistema que se ha utilizado para pagar las más de 6.300 ayudas" por Guerrero, modificándose posteriormente con el convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) la forma de pago, pues entones se establece que el ente "realice los pagos de las ayudas" concedidas por la Dirección General de Trabajo, que allegaba los fondos a IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación.
Dicho acuerdo le señala a Guerrero "el procedimiento que ha de seguir para abonar las ayudas a los trabajadores", por lo que "queda muy lejos" las tesis acusatorias de que "las ayudas se otorgaban prescindiendo del procedimiento legalmente establecido", añadiendo que "todo el procedimiento le viene impuesto" al ex director general de Trabajo, que "no implementa nada".
Sobre lo dicho por algunos testigos funcionarios que revisaron en 2010 los expedientes administrativos de las ayudas, que venían "en cajas de pollos y con poca documentación", Ávila ha subrayado que la obligación de la custodia de los expedientes es de la Junta "en su conjunto, no de Guerrero, que se marchó de la Dirección General dos años después de saltar el caso Mercasevilla (2010)".
"No se le puede acusar a Guerrero de la ausencia de documentos en los expedientes, los cuales podían y fueron manipulados a su antojo por los que, en el momento en que saltó el presente caso, se encontraban con acceso a ellos", según el abogado.
Sobre la opacidad del procedimiento, Ávila ha indicado que éste era conocido "por todos", por lo que "resultaba imposible crear una red en la que intervinieran tantísimas personas e instituciones sin que saltara el supuesto ilícito".
"Desde 2001 hasta 2010 el procedimiento fue conocido por los consejeros, viceconsejeros, directores generales y trabajadores de Empleo, los trabajadores y los titulares de la Dirección General de Trabajo, las empresas que solicitaban las ayudas, los sindicatos, los despachos de abogados especializados que instrumentalizaban los informes y acuerdos, jueces de lo social, Fogasa, el Ministerio de Trabajo, el IFA, la Intervención General de la Junta y los 6.300 beneficiarios de las ayudas. Demasiadas personas para mantener un sistema opaco", ha expuesto.
LAS SOBRECOMISIONES NO IMPLICAN MALVERSACIÓN
De otro lado, ha considerado que "se ha magnificado amplísimamente, al objeto de encontrar acomodo en la malversación, el concepto de intrusos", que no forma parte de este enjuiciamiento pero "vuela en el ánimo de las acusaciones", principalmente contra Guerrero.
En este sentido, la juez instructora Mercedes Alaya "delimita en principio el número de personas presuntamente sin derecho a percibir este tipo de ayudas a un total de 60, en la exposición razonada que se elevó al Tribunal Supremo".
"Ni son intrusos, ni son rentas vitalicias, ni existe ánimo defraudatorio, ni beneficio ilícito de terceros, ni mucho menos el dictado de una resolución injusta en estos casos", según afirma el abogado.
Igualmente, en este proceso, "por la injerencia política y el juicio paralelo efectuado por los medios a lo largo de estos ocho años", se han creado hasta conceptos "inexistentes" como "las mal llamadas sobrecomisiones". "Es rotundamente incierto que se hayan abonado comisiones o gastos de gestión externa a los mediadores por encima de los precios de mercado", ha asegurado, por lo que el cobro de una comisión en el porcentaje que las partes libremente acuerden por la intermediación en la suscripción de este tipo de pólizas de vida no debe reunir 'per se' los requisitos que se precisan para configurar la existencia de un delito de malversación.
Otro de los aspectos abordados por Ávila ha sido la validez jurídica de las transferencias de financiación para pagar las ayudas de los ERE. Tras el intenso debate en la prueba pericial y "el mar de dudas" evidente, "lo único claro es que si no existe consenso entre profesionales y estudiosos del derecho, como se puede concluir de manera tan taxativa que esto es así porque desde el año 2000 se ha creado un sistema propio con ánimo eminentemente defraudatorio, con la intención de desvirtuar la Intervención de la Junta, para conceder ayudas absolutamente ilícitas".
Ante esas dudas, "sólo cabe desplegar los efectos del principio en derecho de 'in dubio pro reo', es decir, en caso de duda se favorecerá al acusado". Así, ha expresado que "no se entiende la contundencia y vehemencia" con la que el portavoz de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Ángel Turrión, ha defendido su tesis de que las transferencias sólo podían usarse para cubrir la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas y no para pagar las ayudas, elevándola a la categoría de "dogmática, sin hacerse eco de toda la normativa existente".
En caso de desconocimiento, es "un elemento más que suficiente para anular su criterio, pero sí se han omitido intencionadamente, las consecuencias sin duda sería mucho más grave, e incluso tener responsabilidades hasta de trascendencia penal", advierte el abogado.
NI AUSENCIA DE FISCALIZACIÓN PREVIA NI DINERO DEFRAUDADO
Por todo ello, la defensa concluye que "nunca existió el ánimo de crear un sistema con notorio fin defraudatorio", que Guerrero "no creó, ni estableció procedimiento específico alguno, ni ninguno de los encausados; y que se dedicó, más o menos acertadamente, a aplicar las normas para la concesión de ayudas y el procedimiento de concesión y pago".
Ha defendido la fiscalización del sistema de los ERE. "Previamente", pues contaba con dotación presupuestaria "adecuada y suficiente"; y en el Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, "con pleno conocimiento de los órganos interventores y cumpliendo una finalidad prevista en los presupuestos anuales de la Junta".
"El dinero no ha sido defraudado a través de este procedimiento, pues tiene destinatarios y están plenamente identificados y definidos. ¿Cómo se insiste en mantener la acusación de la pérdida de tan ingente cantidad de dinero público?", se ha preguntado.
Por último, Guerrero, en su calidad de director general de Trabajo, "autoridad laboral por excelencia, era plenamente competente" para conceder las ayudas de los ERE y "procede al otorgamiento" de las mismas "de forma lícita y sin ningún ánimo de ocultamiento a los controles, por cuanto el procedimiento utilizado le viene otorgado y mandatado por sus diversos superiores, el consejero -José Antonio Viera-- y el viceconsejero --Antonio Fernández--".
