SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Si bien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de tres años y medio de prisión para Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, acusado de un delito de malversación en una pieza separada del caso de la empresa pública de gestión de capital de riesgo Invercaria, donde González Mejías ejerció de ex director de Promoción, dicha empresa y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) no aprecian "reproche penal" alguno contra esta persona, con lo que no han presentado cargos con relación a él.
En su auto de apertura de juicio, recogido por Europa Press, el juez instructor del caso señala que el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para desempeñar el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar en Invercaria, ésta, "a petición" de este investigado, "se subrogó en el préstamo personal que la agencia IDEA le había hecho a González durante el tiempo que desarrolló su trabajo para la referida agencia".
Así, se trata de una operación con la que el sobrino del expresidente del Gobierno "pasó a contraer una deuda con Invercaria" por 17.468,75 euros "en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador de Invercaria".
El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral de González con Invercaria, "tenía pendiente de devolver 27.406,25 euros de los que Invercaria le había prestado", y señala que el expresidente y el exdirector financiero de la sociedad pública "decidieron condonarle esa cantidad pendiente de devolución", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido con esos fondos públicos en perjuicio para el patrimonio de Invercaria", siendo estos tres investigados "conscientes y sabedores de la manifiesta irregularidad de esta condonación".
No obstante, la representación de Invercaria expone en un escrito recogido por Europa Press que Juan María González no merece "reproche penal alguno", porque "en la condición de trabajador sometido al derecho laboral, ejerció prerrogativas y derechos propios y comunmente admitidos, sin que por esta parte se aprecia el concierto delictivo al que hace referencia el auto". Y es que los denominados "préstamos de personal son legales y muy habituales en empresas del sector público y privado".
"Tales préstamos deben ser amortizados con la extinción de la relación de trabajo, pero el incumplimiento de tal norma no es una conducta que revista entidad suficiente para revestir las características del delito pretendido, cuando además consta que dichas cantidades han sido objeto de efectiva devolución", señala Invercaria, que en su escrito no presenta cargos contra González y aboga por exonerarle de la causa.
En cuanto a IDEA, en su escrito tampoco presenta cargos contra él, argumentando que "el delito de malversación requiere la disposición de caudales públicos que el trabajador no tiene", máxime cuando González no tuvo "facultades de dirección ni de gestión laboral" y cuando no ha sido acreditado que gozase de facultades para "influir en las decisiones" de aquellos a quienes estaba "subordinado", por lo que no concurre "el tipo penal" de la malversación y no se acusa a Juan María González, reservándose IDEA, eso sí, la posibilidad de ejercer acciones por la vía Civil.
Así, el abogado de González, Miguel Ángel Millán, ha defendido en un comunicado "la absoluta legalidad de las retribuciones recibidas por González con motivo de la extinción de su relación laboral como
trabajador de Invercaria, señalando expresamente el hecho de que ambas entidades dependientes de la Junta, bajo el actual Gobierno de coalición entre el PP y Cs, hayan "solicitado el archivo de las actuaciones contra nuestro representado al entender que no existe ninguna actuación susceptible de reproche penal".
Así, el abogado avisa de que el auto de apertura de juicio, en lo que a José María González se refiere, carece "de la más mínima prueba que los sustente y en contra de las certezas manifestadas por los distintos peritos".
