SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha vuelto a insistir este lunes en el juicio por la conocida como pieza política del caso de los ERE que el Parlamento fue "inducido a error" para aprobar los distintos proyectos de presupuestos del Gobierno andaluz, ya que, a su juicio, la Cámara "no pudo aprobar conscientemente" las transferencias de financiación para el pago de unas ayudas concedidas con un sistema cuya consecuencia era "eludir los requisitos imprescindibles para dar subvenciones y el control previo de las mismas".
A preguntas del abogado del expresidente de la Junta Manuel Chaves, Turrión, en la sesión de este lunes del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha recordado que en sus informes defiende que la Cámara autonómica fue "inducida a error" por una presupuestación "fraudulenta" del anteproyecto y proyecto de presupuestos por el Ejecutivo andaluz.
En concreto, ha apuntado que esta presupuestación "fraudulenta" se basa en la consignación de las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con cargo al programa presupuestario 31L para el pago de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo, cuando "no eran necesarias --las transferencias-- para la concesión de subvenciones y, de otro lado, la presupuestación "fraudulenta" en IFA/IDEA de "gastos ficticios" para equilibrar presupuestos.
"Si la consignación es fraudulenta y es aprobada por el Parlamento, ¿es una consignación "inconstitucional, ilegal, ineficaz,...?", ha preguntado a Turrión Pablo Jiménez de Parga, abogado de Chaves. "No me corresponde a mí como perito esa consideración", ha respondido el perito de la IGAE, quien ha señalado que lo que ellos estiman también es "un hecho" para la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta.
"Resulta difícil asumir que el Parlamento legítima y conscientemente aprobó las transferencias para financiar un sistema de concesión de ayudas cuya consecuencia era eludir los requisitos imprescindibles de unas subvenciones y el control previo. El Parlamento no pudo hacer eso conscientemente, no aprueba una norma a sabiendas de que va en contra de otras normas", ha reiterado.
En este punto, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del expresidente José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, ha indicado que el sistema --el uso de las transferencias de financiación-- "no impide la ejecución correcta de los expedientes de gastos de la concesión de ayudas y el control previo".
Tras insistir el abogado de Chaves si era "ilegal o inconstitucional", Turrión ha aludido a sus 280 informes realizados en la causa. "Está claro que no quiere contestar", ha susurrado el letrado, lo que ha provocado que el tribunal le advirtiera que "los comentarios sobran".
Otro de los asuntos que se han vuelto a debatir en la sesión de hoy, en la que además del abogado de Chaves, ha interrogado Rafael Prieto, abogado que ejerce la acusación de Manos Limpias y la defensa de Griñán y Lozano, que ejerce el letrado José María Mohedano, ha sido las competencias del director general de Presupuestos en la aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos.
Aunque el presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha insistido en reiteradas ocasiones a los peritos para que no reiteren sus argumentaciones o planteamientos, tanto los miembros de la IGAE como los peritos de partes han vuelto a chocar en las competencias del director general de Presupuestos, mientras los primeros hablan de la elaboración del anteproyecto y los propuestos por las defensas señalan que sus competencias se ciñen a coordinación técnica y que la elaboración es un proceso complejo y que abarca a todos los órganos gestores.
De otro lado, la defensa de Griñán y Lozano ha preguntado a los peritos de la IGAE por los oficios de remisión a la viceconsejería de Hacienda, siendo Griñán consejero, por parte de la Intervención General de la Junta sobre los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, así como por el informe de actuación que no llegó a remitir el ex interventor general por no apreciar riesgo de menoscabo en las irregularidades detectadas en la concesión de subvenciones, aunque para los peritos de IGAE "debió emitirlo".
Mohedano ha leído unas declaraciones del acusado Manuel Gómez, ex interventor delegado, en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso ERE, en las que, entre otras cuestiones, dice que el titular de Hacienda recibe los informes de Control Financiero Permanente pero "no es para tomar medidas concretas".
"TAMBIÉN LA CORONA VELA POR LAS INSTITUCIONES"
Y en este punto se ha generado el último debate de la sesión de este lunes. Turrión ha señalado que no está de acuerdo con las afirmaciones de Gómez Martínez, pues la Ley de Hacienda Pública de Andalucía otorga al titular de Hacienda las competencias para "velar" por la ejecución de los presupuestos. En este sentido, para Zornoza es "excesivo" que de la referencia a "velar" se desprenda que el consejero tiene "competencias específicas para reaccionar a un informe de Control Financiero Permanente de un ente de la Junta".
Para Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por la defensa de la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, "el único órgano con capacidad de poder en todas las fases es la Intervención General". "También la Corona tiene que velar por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado", ha expuesto como ejemplo del sentido de "velar".
En este sentido, Eduardo Villaseca, perito de la IGAE, ha tomado la palabra para señalar que los informes de Control Financiero Permanente de 2004, 2006 y 2007 sobre IDEA ponen de manifiesto que se comprometieron gastos sin crédito presupuestario suficiente por la concesión de ayudas sociolaborales.
En base a la Ley de Hacienda Pública, el interventor delegado, "una vez detectado un incumplimiento contable, lo pondrá en conocimiento del consejero de Hacienda, que debe nombrar un instructor" para iniciar el procedimiento de diligencias previas que determine si puede provocar "menoscabo de fondos públicos".
Para Zornoza, esto es "erróneo", pues corresponde a los superiores de los responsables de las irregularidades y a los órganos que realizan el pago, poniéndolo en conocimiento del titular de Hacienda, mientras que para Villaseca el acuerdo de iniciación del procedimiento y el nombramiento del instructor es del consejero.
Por parte del abogado de Manuel Chaves se ha introducido en la prueba pericial los Acuerdos de Concertación Social firmado por la Junta de Andalucía con empresarios y agentes sociales. Mientras para los peritos de partes estos acuerdos recogían como actuación política la línea de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, para los peritos de la IGAE estos acuerdos fijan "ayudas relacionadas con las políticas activas de empleo", mientras en el caso ERE son ayudas "para despidos a trabajadores". "Activas muy pocas", ha añadido.
El tribunal ha aceptado suspender la sesión fijada para el próximo lunes 15 de octubre y fijar una sesión de tarde para el lunes 22 por ausencia del perito Juan Zornoza por compromisos profesionales.
