Se basa en un informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el que determina un "beneficio ilícito" de más de 164 millones de euros
SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de IULV-CA ultiman el texto de una denuncia para poner en conocimiento de la Fiscalía un "posible delito penal" de la empresa privada Clínicas Pascual que le ha permitido obtener un "beneficio ilícito" de más de 164 millones de euros, según estima el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en un informe emitido el pasado mes de marzo.
Para la federación de izquierdas, se trata de un hecho que "podría ser constitutivo de un delito de apropiación indebida" por parte de esta empresa sanitaria privada con la que la Junta de Andalucía mantiene conciertos, principalmente en la provincia de Cádiz.
Según informa IULV-CA en un comunicado, los servicios jurídicos de la formación estiman que puede existir un "posible delito penal" cometido por Clínicas Pascual, tal y como se desprende del informe de Competencia en el que impone dos sanciones a la empresa por 5,33 millones de euros (2.665.132 euros cada una) por "conductas anticompetitivas", ya que durante tres años y medio "aplicó precios abusivos" por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva.
IU considera que, más allá de la infracción administrativa, "hay indicios suficientes para determinar que se ha podido cometer un posible delito de apropiación indebida" y por ello pedirá a la Fiscalía que investigue "si ha existido ilícito penal" y "sin perjuicio de otros delitos que, durante el procedimiento, se puedan determinar".
"INACCIÓN" DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La formación que lidera Antonio Maíllo defiende que es "responsabilidad y obligación" de IU poner este hecho en conocimiento del órgano competente ante la "inacción" de la Junta de Andalucía que, "lejos de exigir responsabilidades, opta por renovar los conciertos sanitarios con esta empresa".
El pasado 12 de abril, el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, trasladó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la sesión de control al gobierno las conclusiones del informe del Consejo de Defensa de la Competencia del 2 de marzo de 2018 que determina el beneficio ilícito de 164 millones de euros por parte de Pascual.
Maíllo afirmó entonces que con ese dinero público, del que se ha apropiado indebidamente Pascual, podrían haberse construido tres hospitales que evitarían que la Junta establezca estos conciertos sanitarios y lamentó que 260.000 andaluces, principalmente en la provincia de Cádiz, están sometidos a un régimen de monopolio de la empresa privada Pascual.
Además, criticó que la Junta de Andalucía haya vuelto a firmar un nuevo concierto con quien se ha apropiado ilícitamente de 164 millones de euros públicos, "aprovechándose de una situación de abuso de posición, de un abuso de facturas que estaban fuera de convenio y de un chantaje a la Junta para concertar si se ampliaba determinados servicios complementarios".
