JAEN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) aseguró hoy que las "acusaciones infundadas" de la ex trabajadora Isabel Cortés, que afirma haber sufrido discriminación racial durante su estancia en la FSG, "dañan gravemente el nombre, la credibilidad y la buena imagen" de la entidad.
En un comunicado remitido a Europa Press, la FSG manifestó que el despido "disciplinario" de Cortés está justificado en el "incumplimiento grave y culpable del trabajador contemplado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores", por lo que descartó que tuviera relación alguna con su género o pertenencia étnica.
En este sentido, indicó que tanto el departamento de recursos humanos como el área de igualdad de trato de la FSG, que presta asistencia a las víctimas gitanas de la discriminación étnica, han analizado sus alegaciones escritas y telefónicas, así como la versión de los restantes trabajadores del equipo de Linares (Jaén), concluyendo que la situación denunciada tiene un carácter "exclusivamente laboral sin que se configure una práctica discriminatoria por motivos étnicos".
Asimismo, la Fundación Secretariado Gitano advirtió que en el caso de que no cesen estas manifestaciones "injuriosas" se reserva el derecho a ejercitar las garantías que le reconoce el ordenamiento jurídico español.
Así las cosas, la fundación recordó que su finalidad pasa por la promoción de relaciones laborales basadas en el respeto a todas las personas, la igualdad de género y el fomento de la tolerancia y la interculturalidad, hecho que "se ve reflejado en un alto porcentaje de trabajadores gitanos contratados", ya que, por ejemplo, en Andalucía el 45 por ciento de la plantilla del pasado año eran personas gitanas y el 71 por ciento mujeres.
En último lugar, la FSG reconoció el derecho que asiste a la ex trabajadora a ejercer las acciones legales que considere pertinentes, pero puntualizó que no va a permitir que ésta u otras personas "intenten manchar impunemente la buena imagen de la organización y del conjunto de sus trabajadores y trabajadoras mediante injurias, calumnias y falsedades".
Por su parte, Isabel Cortes, vecina de Linares, de etnia gitana y de 33 años de edad, destacó esta semana que ha trabajado en la fundación durante cuatro años como mediadora social, si bien indicó que paulatinamente le fueron "usurpando funciones" y "controlando" cada vez su trabajo, situación que supuso que le dieran una baja.
Cortés apuntó que ha seguido los cauces necesarios para resolver su situación pero que, tras enviarle una carta al director de la fundación en la que exponía su caso, la única respuesta que recibió fue el despido, que argumentaron diciendo que había proferido amenazas e insultos a sus compañeros, aspecto que ella negó.
