SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción Número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha acordado llamar en calidad de investigado por un delito de estafa a cuatro personas, dos 'intrusos' y dos responsables del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), propiedad de la familia Ruiz Mateos, en la pieza separada que investiga las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas del grupo familiar.
Del mismo modo, la juez instructora, en un auto con fecha de 2 de abril de 2018 y al que ha tenido acceso Europa Press, cita a los 'intrusos' José Antonio Cuevas y Claudio Andrés Sendino y a Antonio Isla Barba, director financiero de Hotasa --la división hotelera de Nueva Rumasa--, y Miguel Rodríguez, director del Hotel Cervantes, el próximo 25 de mayo para prestar declaración como investigados. Igualmente, en el citado auto, acuerda traer a este procedimiento en calidad de investigado al también exdirectivo Carlos Miranda.
Este auto de la juez María Núñez se produce después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el marco de las diligencias previas 174/2011 --causa matriz de los ERE--, haya estimado los recursos presentados por el Ministerio Fiscal acordando proseguir la instrucción contra José Antonio Cuevas, Carlos Miranda Bacciarini, Antonio Isla Barba y Miguel Rodríguez Ortega y Claudio Andrés Sendino García, después de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla acordara el archivo de la causa contra éstos.
"LEJOS DE SER DELINCUENTES, SON VÍCTIMAS"
En estos autos, la juez Núñez señalaba que, en esta causa, han sido imputadas personas que, "valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas'" de esta 'macrocausa'. Así, por ejemplo, en un auto fechado el día 29 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada archiva la causa abierta contra Antonio Isla Barba, trabajador desde el año 1995 del Grupo Nueva Rumasa, de la familia Ruiz-Mateos.
La instructora entendía que el imputado entró a trabajar para el Grupo Nueva Rumasa en septiembre de 1995, trabajando en varias empresas del grupo y "reconociéndosele en todas las empresas" su antigüedad, por lo que "se confirma que se prestaba el trabajo" para este grupo y que en los cambios de empresa se "respetaba" dicha antigüedad.
Al hilo de ello, la juez consideraba procedente el sobreseimiento solicitado por la defensa del encausado "puesto que muy difícilmente se puede sostener que alguien colabora en la inclusión de intrusos si tales intrusos no existen y su inclusión en el ERE resulta legal".
De este modo, agrega que en la 'macrocausa' de los ERE, "por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona, pero tras la división resulta necesario hacer un estudio detallado de cada ayuda, de cada persona, ajustando a derecho la situación de cada una de ellas, personas imputadas en la 'macrocausa' inicial".
En el mes de marzo, la juez ya realizó estas afirmaciones en un auto donde archivó la causa contra cuatro imputados por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), en concreto Gonzalo Fuentes, integrante de la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Málaga; José Cabrera, miembro del Comité de Empresa como secretario de la sección sindical de CCOO; Miguel Rodríguez, director del hotel, y Claudio Andrés Sendino, trabajador del mismo.
RESPUESTAS DE LA AUDIENCIA
Tras estas decisiones de la juez, la Audiencia ha estimado los recursos de la Fiscalía, acordando continuar el procedimiento contra estas cinco personas. En los casos de Rodríguez y Sendino, la Sección Séptima señala que la instructora "no contiene ningún análisis" sobre "la ilegal tramitación y concesión de ayudas públicas para el abono a los trabajadores".
Así, sobre Rodríguez, la Audiencia señala que, dados los "severos" indicios existentes de que Cuevas y Sendino "fueron contratados con la exclusiva finalidad de incluirlos en el expediente de la empresa sin tener derecho a a ello, "carece de fundamento alegar que ello fuera desconocido por el director del hotel". "No es fácil aceptar", tratándose del director del hotel afectado y estando "tan implicado" en la tramitación de las ayudas, que no conociera la "ilegal" obtención de las mismas, permanecen "incólumes los severos indicios en su contra de la necesaria colaboración prestada para que los tan citados trabajadores 'intrusos' cobraran espuriamente dinero público sin estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada, algo incurso, cuando menos, en un posible delito de estafa del que sería perjudicada la Junta de Andalucía", explica.
Sobre el 'intruso' Claudio Andrés Sendino, la Sección Séptima señala que fue contratado por 'Europa Center', empresa propietaria del Hotel Cervantes, nueve días antes de la presentación formal del ERE sin llegar nunca a desempeñar actividad alguna en el hotel, proveniente de otra empresa del grupo de empresas de Ruiz Mateo, apuntando que en este caso "no cabe hablar de traslado de centro de trabajo en un grupo de empresas, puesto que entre la empresa de origen y 'Europa Center' no consta más relación que la de tener un dueño común".
Además, en este caso hay que señalar que siendo la finalidad del ERE precisamente el rejuvenecimiento de plantilla, "resulta contrario a la lógica la integración en la plantilla del hotel del Sendino, nacido el día 15 de febrero de 1950". "Aún en el caso hipotético de que llegara a entenderse Sendino no tuvo conocimiento de la ilegal obtención de la ayuda con la que hay indicios de que sabía que iba a ser pagado, no estando justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada pudo, al menos, cometer un delito de estafa del que seria perjudicada la Junta", concluye.
En similares términos se pronuncia la Sección Séptima en el auto que estima el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa matriz contra el otro 'intruso', José Antonio Cuevas.
En el auto sobre Carlos Miranda Bacciarini, administrador del Hotel Cervantes, la Sección Séptima señala que éste "aparte de conocer la existencia de los denominados 'intrusos', participó en las posteriores conversaciones mantenidas con las autoridades laborales implicadas en el tema". Miranda fue también director de Hotasa, la división hotelera de Nueva Rumas, "a la postre la gran beneficiada con tamaño derroche de dinero público". "No tiene, en consecuencia, mucho fundamento sugerir que se limitó a seguir las instrucciones o cumplir el encargo de D. José María Ruiz Mateos o invocar, como su defensa hace, que fue absolutamente ajeno a la tramitación del ERE y a las gestiones para la solicitud de ayudas públicas", expone la Audiencia.
Por último, la Audiencia, en su auto estimado el recurso de la Fiscalía por el archivo de Antonio Isla Barba, director financiero de Hotasa, indica que "está suficientemente fundamentada su intervención en la inclusión de los 'intrusos', especialmente de Sendino".
