SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las partes representadas en el juicio contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tendrán que responder este lunes, cuando se retoman las sesiones, a las cuestiones previas planteadas por las defensas, acusaciones y Fiscalía.
Entre las cuestiones planteadas, se encuentra la petición del Ministerio Público a la sala para que se pronuncie expresamente sobre "la delimitación objetiva" del procedimiento, planteando "devolver las actuaciones al Juzgado de Instrucción" para "acomodar" el procedimiento abreviado a los pronunciamientos de la Sección Séptima para que los encausados no puedan ser juzgados doblemente o, de otro lado, y con el fin de evitar la "indefensión" de los acusados, aclarar que el presente enjuiciamiento "sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento específico" sin que se someta a este juicio cada ayuda sociolaboral o a empresa de forma individualizada, pues, de ser así, se tendrían que incorporar el testimonio íntegro de todas y cada una de las piezas separadas ya incoadas --104-- y las otras 170 ayudas que no cuentan con pieza incoada a día de hoy, así como la testifical de todas las personas que ya han prestado declaración en las mismas.
En este sentido, durante la sesión de este lunes, que comenzará a las 10,00 horas, las partes presentadas tendrán que adherirse o refutar las cuestiones previas planteadas en las dos últimas jornadas. La Fiscalía, que ha planteado las testificales, entre otros, del exconsejero de Economía Antonio Ávila y de Francisco Trujillo Blanco, exchófer del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, ha solicitado dicho pronunciamiento para impedir posibles "duplicidades", "indefensiones" o cualquier causa de "nulidad".
Todo ello después de que la Sección Séptima haya dictado, en el seno de algunas de las piezas separadas incoadas del ramo principal, autos resolviendo recursos de apelación, en los que interpreta que en esta causa --procedimiento específico--, el auto de procedimiento abreviado "engloba el enjuiciamiento también de ayudas singulares".
Esta interpretación, a juicio de la Fiscalía, "no es uniforme en el tiempo y contradictoria" con resoluciones previas de la propia Sección Séptima, lo que "supone de hecho una ampliación del objeto del proceso que produce cierta indefensión" a las partes.
En auto de 9 de noviembre de 2015, el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido ya entonces por María Núñez, ordenó incoar tanto la pieza del procedimiento específico como otras cinco piezas ligadas a ayudas singulares. A este respecto, la Fiscalía ha avisado de que las defensas de algunos de los investigados en varias de las piezas separadas han solicitado el "sobreseimiento parcial subjetivo" de tales diligencias respecto a sus patrocinados, al figurar ya los mismos en la actual causa del procedimiento específico y afrontar un posible "doble enjuiciamiento" dadas las hipotéticas coincidencias en la "identidad de los hechos" investigados.
"DIFERENCIA DE CRITERIOS" ENTRE NÚÑEZ Y LA SECCIÓN SÉPTIMA
Es más, el Ministerio Público incluso ha alertado de que la juez María Núñez Bolaños y la propia Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en la que ejerce actualmente la juez Mercedes Alaya, instructora inicial del caso, habrían incurrido en "diferencia de criterios" a la hora de resolver cada una de las citadas peticiones de "sobreseimiento parcial subjetivo".
En todo caso, el Ministerio Público señala en su escrito de cuestiones previas, al que ha tenido acceso Europa Press, que este planteamiento de división en piezas y enjuiciamiento separado "no es en absoluto contradictorio o impeditivo de introducir en el debate del plenario vía interrogatorio de los encausados o de testigos y peritos preguntas referentes a estas ayudas singulares".
Así, la Fiscalía considera que "no se puede seguir adelante pues crea indefensión a las partes" si se respeta uno de los criterios interpretativos sobre el objeto del litigio expuesto por la Sección Séptima y que el auto de incoación de este proceso es válido englobando no sólo el denominado procedimiento específico sino también, "aún de manera genérica", las ayudas individuales.
Por todo ello, el Fiscal considera que sólo cabe "devolver las actuaciones" al juzgado de María Núñez para que, dejando sin efecto el auto de procedimiento abreviado, proceda a "acomodar" éste a los pronunciamientos de la Sección Séptima, así como al estado actual de instrucción de cada una de las ayudas individuales sociolaborales y a empresas. O, por otro lado, la conservación de los actos procesales e intangibilidad de las resoluciones judiciales dictadas en esta causa, que "no se debe ver afectada por otras resoluciones dictadas", y evitar toda nulidad, además de aclarar de manera expresa que el presente enjuiciamiento "sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento específico sin ser sometido al plenario cada ayuda sociolaboral o a empresa".
Si bien, la Fiscalía entiende que, si la sala se considerase vinculada por los pronunciamientos de la Sección Séptima y entendiera que procede debatirse en este procedimiento también todas las ayudas, se deben incorporar como documental testimonio íntegro de todas las piezas separadas ya incoadas --104--, así como testifical de todas las personas que ya han prestado declaración como testigos o investigados en las mismas. Así, la sala podrá decidir sobre la relevancia penal del llamado procedimiento específico y también de todas las ayudas dadas durante diez años a cargo del programa 22E luego llamado 31L. Además, la Fiscalía pediría lo mismo de las ayudas --170-- que no cuentan siquiera con pieza incoada a día de hoy.
El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, no obstante, ha defendido que "el objeto del procedimiento sí está delimitado" como tal en el correspondiente auto de procedimiento abreviado, los escritos de acusación y el auto de apertura de juicio oral.
OTRAS CUESTIONES
Por su parte, la representación del PP-A ha solicitado entre sus cuestiones previas que testifique la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, la exconsejera de Presidencia y actual senadora socialista María del Mar Moreno y el actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
De otro lado, la mayoría de los letrados defensores de los altos cargos coincidieron en solicitar excluir del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP andaluz en su escrito de acusación, criticando la intención del PP-A de querer "politizar" el proceso. Igualmente, la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y la de otros tantos acusados se han manifestado en contra de que Manos Limpias siga ejerciendo como acusación popular.
Otra de las cuestiones previas presentadas por algunas de las defensas de los acusados este miércoles, como el abogado defensor de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, es declarar "nulas de pleno derecho" las actuaciones del magistrado Álvaro Martín como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, encargado de la investigación de los hechos elevados ahora a juicio.
De otro lado, el abogado defensor de Martínez Aguayo ha solicitado una modificación en el orden de práctica de las pruebas durante la vista oral, para que los acusados declaren después de los testigos y los peritos y no antes de los mismos, como sucede habitualmente, alertando de que "con el concurso" del juez instructor y la Fiscalía, la causa se ha convertido en "un maremágnum" en el que el papel de cada uno de los acusados en los hechos en cuestión ha quedado "desdibujado".
