GRANADA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio por la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada, que ha sentado en el banquillo a un total de once acusados, entre ellos al ex alcalde de Armilla (Granada) José Antonio Morales Cara y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, se reanudará hoy con la declaración de los agentes del Seprona que elaboraron un informe sobre la ilegalidad del edificio, informaron a Europa Press fuentes del caso.
Además, para hoy también está previsto que comiencen a declarar los peritos propuestos por las defensas de los imputados, después de que concluyera el pasado 6 de mayo el testimonio de los peritos que fueron propuestos por el juez instructor de la causa, Miguel Ángel del Arco, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada.
Estos últimos peritos abogaron ante el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que enjuicia la supuesta tramitación ilegal, por una demolición parcial del Centro Comercial para restablecer la legalidad urbanística en el municipio de Armilla, que conllevaría además la creación de un "cinturón verde" que dejara "respirar" la zona.
Así, aunque el edificio incurre en multitud de irregularidades, en cuanto a la evacuación de aguas, ocupación y ausencia de zonas verdes, invasión de viales y de la servidumbre de la autovía, fijación de la cota de rasante o el cómputo de la edificabilidad, según la opinión pericial, el derribo de parte del mismo y no de su totalidad sería lo "más razonable", atendiendo a su interés social, económico y de generación de puestos de trabajo.
"El Nevada no es una tarta que se pueda cortar con un cuchillo, pero un buen proyecto arquitectónico, que hiciera atractivo el edificio, podría perfectamente cortar zonas que dejen su parte útil", señaló el que hizo de portavoz de los siete peritos que comparecieron hoy ante el tribunal, José Luis Gómez Ordóñez, catedrático de Urbanismo en la Universidad de Granada y Premio Nacional de Urbanismo en dos ocasiones.
ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Además de a Morales Cara y Cañavate, la Fiscalía acusa al promotor de la construcción, Tomás Olivo --también imputado en el 'caso Malaya'--, a cuatro concejales de la corporación armillera, a un abogado, una letrada de Diputación y dos arquitectos más. A Morales Cara y Cañavate los considera autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, según consta en el escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press.
Al promotor lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita dos años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación; mientras que a los cuatro ediles que formaron parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó el plan parcial de los terrenos se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados. Para los restantes acusados, el fiscal pide ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación.
Además de las penas solicitadas, la Fiscalía fue más allá en su petición inicial y consideró necesaria la demolición "completa, íntegra y total" de lo construido, que debería incluir además los accesorios, entendiendo por éstos hasta las obras de cimentación soterradas y plataformas y viales sobre rasante, "hasta reponer el terreno edificado o construido en todo su perímetro a su realidad física primigenia". Precisa sin embargo que sólo cabría la posibilidad de demolición parcial de lo construido si la opción se orientara a la creación de un "verdadero anillo verde" entre el Centro Comercial y las viviendas colindantes.
