SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha resaltado que el Tribunal Constitucional (TC) "ha avalado constitucionalmente" la Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en Andalucía, la denominada ley 'antidesahucios' y ha precisado que la parte suspendida por el TC "se ha reorientado".
El consejero se ha pronunciado en comisión en el Parlamento andaluz sobre la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central, de forma que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional primera de esta Ley, que contemplaba la posibilidad de acometer la expropiación de viviendas vacías a los bancos, al considerar el TC que invade competencias estatales, pero desestima el recurso del Gobierno sobre los demás apartados y artículos afectados.
En ese sentido, López ha incidido en que el TC ha suspendido una parte "de la retahila de puntos que la Abogacía del Estado había planteado", en concreto la parte relativa a las expropiaciones forzosas a los bancos y entidades por tres años, pero ha dejado claro que "el resto no se ha tocado", por lo que "el Constitucional ha tumbado todos los argumentos del Gobierno"
"El TC avala la plena constitucionalidad de la norma, se despejan las dudas sobre constitucionalidad de la definición del concepto de viviendas deshabitadas y sus actuaciones sobre las mismas, y se avala el establecimiento de sanciones a las entidades financieras e inmobiliarias", ha añadido el consejero.
López ha apuntado que "el objetivo que persigue la norma está concretado y la parte suspendida de la norma ha sido reorientada en la nueva norma, por lo que seguimos cumpliendo con la ley y a la vez seguimos siendo beligerantes en la defensa de la vivienda como bien social".
López considera asimismo que el PP "defiende argumentos difícilmente sostenibles" y ha apuntado que "el diferencial de lo que el Gobierno dejó de ejecutar anteriormente en materia de vivienda, 1.400 millones, es lo que ahora han puesto en el nuevo Plan de Vivienda".
Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez considera que la sentencia "es un torpedo en la línea de flotación de una ley muy importante".
Ha lamentado que la Junta "apostara por la confrontación en vez del diálogo" y considera "vergonzosa" la explicación ofrecida por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "que dice que la Ley de Derecho de Tanteo y Retracto da seguridad jurídica".
"Si la Junta sabía que la anterior ley era inconstitucional, por qué legisló", se ha preguntado Martínez, quien ha recordado que el PP planteó 82 enmiendas "que el PSOE rechazó pero que hubieran resuelto la situación, pero el bipartito llevó la norma por el camino de la expropiación a los bancos, que era la medida estrella de la ley". "Y ahora la presidenta se sienta con Patricia Botín", ha apostillado.
Martínez ha lamentado que la Junta "tiene muchos millones sin ejecutar en materia de vivienda" y considera que la Ley de tanto y retracto "no arregla nada y no se puede aplicar", por lo que ha pedido a la Junta que "utilice los medios a su alcance, como los presupuestos on la Agencia de Vivienda, que se debe ocupar de garantizar la función social de la vivienda, y deber demostrar que Andalucía tiene recursos para afrontar el revés de la sentencia del Constitucional".
"Dejen de hacer leyes prorrogadas y legislen para solucionar los problemas de los andaluces", ha añadido.
