SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha garantizado que la administración está tomando medidas para que se reduzca el volumen de los libramientos pendientes de justificación, ante todo, para que no se produzcan prescripciones, mientras que el PP-A ha reclamado una Ley de Subvenciones de Andalucía.
En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento a petición del PP-A sobre libramientos pendientes de justificación fuera de plazo -- un método que permite desembolsar dinero público y verificar su gasto después-- ha querido dejar claro que se trata de una tarea descentralizada ante la que la consejería presta todo el apoyo, vigilancia e impulso a los centros gestores, que son los competentes en la tramitación de los expedientes. Ha apuntado que, ante todo, se trata de evitar cualquier situación de prescripción.
Ha explicado que las consejerías de Empleo, de Economía y Conocimiento y de Educación engloban el 90 por ciento de los libramientos pendientes de justificación.
Ha apuntado que en el año 2016 se produjo una reducción del volumen de libramientos pendientes de justificar del 31 por ciento respecto al año anterior, lo que supuso más de mil millones de euros menos, lo que representa un descenso importante.
Montero ha señalado que se trata de tareas que se han realizado de manera fehaciente, pero han encontrado dificultades en el procedimiento para su justificación.
La consejera ha recalcado que el objetivo sigue siendo revisar los expedientes uno a uno sin que ningún libramiento pendiente de justificar corra el riesgo de prescripción. Ha señalado que se están poniendo medidas en este sentido, siguiendo recomendaciones de la Cámara de Cuentas, y ha querido dejar claro que la Junta no se da por satisfecha en este momento, sino que es consciente de que se tiene que agilizar la tarea.
Ha expuesto que, a pesar de que se ha bajado el saldo de libramientos pendientes de justificación, sigue habiendo cantidades sobre las que hay que trabajar. Ha señalado que aún no hay un dato cerrado sobre el año 2017, pero sí puede avanzar que se ha producido un impulso muy importante por parte de todas las consejerías, de manera que en algunos programas se han experimentado reducciones superiores al 50 por ciento en los libramientos pendientes de justificar.
María Jesús Montero ha señalado que es "incuestionable la voluntad política" de la Junta de resolver definitivamente esta cuestión e impulsar que en las consejerías correspondientes se atiende a lo que va entrando en los ejercicios corrientes, pero también a lo que está pendientes de años anteriores para que no haya prescripciones. Ha recalcado que se trata de una tarea prioritaria de la Junta.
Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha indicado que hace falta legislar sobre la materia, porque es evidente que hay un "vacío legal" en materia de justificación de los fondos y ha señalado que la Junta ya debería haber presentado una ley general de subvenciones, con un reglamento, para regular de manera explícita la competencia objetiva de las subvenciones, cómo se justifican y cómo se produce el reintegro.
Ha mostrado su preocupación por que haya casi 2.300 millones pendientes de justificar desde hace años, por ejemplo, 40 millones del año 1987. Ha insistido en que tiene que haber una regulación del procedimiento de reintegro y de justificación, porque actualmente no existe. Ha señalado que la situación actual en Andalucía obedece al hecho de que las cosas se han hecho "poco regladas".
En su turno de réplica al diputado del PP-A, Montero ha señalado que el problema no puede ser achacable a un "vacío legal" sobre las convocatorias de subvenciones. Tras apuntar que cada convocatoria de subvención tiene su propio procedimiento y normativa, ha apuntado que la situación de los libramientos pendientes tiene que ver en muchos casos con la "prolija documentación que se requiere para justificar un determinado libramiento".
Asimismo, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a aprobar una Ley de Subvenciones porque es un compromiso Ha indicado que el Gobierno central revisa las justificaciones "por muestreo" y que no cree que eso sea "ninguna irregularidad".
