JAÉN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén ha señalado para este miércoles el inicio de un juicio contra tres personas --un padre, identificado como P.R.M., y sus dos hijos, I.R.R. y P.T.R.R.-- a quienes la Fiscalía atribuye un presunto delito de apropiación indebida que habrían cometido al tratar de impulsar una nueva empresa "aprovechando la clientela, los comerciales y medios materiales" de otra en la que el progenitor ostentaba el cargo de "administrador solidario".
Así se recoge en el escrito de calificación de los hechos del Ministerio Público, consultado por Europa Press, donde se explica también que el padre, "prevaliéndose de su condición de administrador de la empresa, hizo suyas, además de las cantidades que debía percibir en concepto de sueldo, 275.000 euros que reflejaba en el libro mayor de contabilidad que él mismo llevaba como entregas a cuenta a su nombre, sin que conste el destino dado a tales cantidades".
Los tres acusados, de forma "concertada" y para "dotar de la infraestructura necesaria" a la nueva empresa que habían decidido constituir "con idéntico objeto social" para la que el padre trabajaba, "comenzaron a captar a los comerciales" de dicha firma "a fin de que continuasen la misma actividad laboral que venían desempeñando en relación a los mismos clientes que cada uno de ellos tenía, iniciando con ella una labor de descapitalización de ésta a favor de la nueva empresa".
Además, los procesados supuestamente transfirieron "seis de los vehículos" de la referida compañía "simulando la venta de los mismos sin que ninguna cantidad se abonase por ellos", según la Fiscalía, que concluye que "con toda esta actuación los acusados actuaron siempre con la finalidad de beneficiar económicamente a la nueva empresa constituida por ellos aprovechando la clientela, comerciales, así como los medios materiales".
Para el Ministerio Público, estos hechos constituyen un delito de apropiación indebida y otro delito societario por administración desleal por los que solicita penas de entre dos años y dos años y seis meses para los encartados.
