SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
José Luis Martín Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, ha insistido este miércoles en que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo debió fiscalizar la resolución de concesión de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis dadas en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, era su "obligación".
Martín Moreno ha seguido declarando como testigo este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE entre 2001 y 2010. El letrado mayor ha tenido que volver a seguir con su declaración después de que ayer, fruto de un malentendido y confusión, se fuera de la sesión tras el descanso, por lo que hoy ha pedido disculpas al tribunal y a las partes.
La declaración de Martín Moreno se ha centrado en la doble fiscalización que debió existir en este procedimiento, por un lado, el control previo de las transferencias de financiación para allegar fondos del programa 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que sí se hizo; y, de otro lado, la fiscalización previa por parte del órgano gestor, en este caso la Dirección General de Trabajo, de las resoluciones de concesión de la ayuda, que se omitió.
La "obligación" de la fiscalización previa de las ayudas era de la Dirección de Trabajo, es el órgano que "ha tramitado" las mismas, "por decir algo porque se aprecia omisión del procedimiento administrativo establecido".
A preguntas de la abogada del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, el testigo ha explicado que la concesión de las ayudas era un acto administrativo y, según el reglamento de subvenciones de 2001, está sometido a la fiscalización previa, es "la opinión del Consejo Consultivo y de la Consejería de Empleo".
Es un expediente administrativo, según ha seguido detallando, donde se genera la obligación con un tercero y cuando se reconoce la subvención. No obstante, ha asegurado que ninguno de los más de 300 expedientes administrativos de ayudas revisados por el Consejo Consultivo desde 2012 llevaba un documento contable, aunque esto "no quiere decir que no lo tenga que llevar". "Claro que sin estos documentos contables era materialmente imposible la fiscalización previa de un expediente administrativo", ha precisado Martín Moreno.
El presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha pedido aclaraciones al testigo tras su declaración y le ha preguntado si tenía que haber dos fiscalizaciones en la fase de tramitación de las ayudas en la Dirección General de Trabajo. "Entiendo que son dos actos diferentes. El uso de las transferencias de financiación y que éstas tengan su fiscalización previa no puede significar soslayar la fiscalización previa de las ayudas, no deja incólume el reglamento de subvenciones y lo previsto en el mismo sobre la fiscalización", ha explicado antes de señalar que la fiscalización previa de las transferencias "no englobaba la de las ayudas" y "no hace que pierda sentido y sea inaplicable la obligación de la fiscalización previa de las ayudas que viene en el reglamento".
"NO HE LLEGADO A VER DELEGACIÓN ESPECÍFICA" DE COMPETENCIAS
De otro lado, la Sala ha preguntado al testigo quién era responsable de conceder las ayudas, si el consejero o el director general. "La Ley General de Hacienda señala que la competencia es del consejero, pero éste pude delegarla, aunque no he llegado a ver esa delegación específica". Por ello, el Consejo Consultivo "cuestionó" la competencia del director de Trabajo para conceder las ayudas. "En ninguna de las resoluciones de concesión de ayudas constaba la firma del consejero y no en todos los expedientes venía las del director general, porque en algunos no había ni resolución", ha indicado.
El testigo ha mostrado su coincidencia con las declaraciones de Juan Antonio Cortecero, exviceconsejero de Presidencia, que declaró que los diputados tenían "información y posibilidades" de conocer que aprobaban un programa presupuestario con un objeto determinado --ayudas sociolaborales y a empresas-- y que había una transferencia de fondos a IFA/IDEA para hacer pagos en esa materia. "Pero no cómo se va a gestionar o el procedimiento de concesión", ha añadido posteriormente.
Con la información que manejan los parlamentarios para la tramitación del Presupuesto "está claro que IFA hace los pagos, pero en cuanto a quién concede las ayudas el campo está abierto y hay que esperar a la ejecución para conocerlo", dijo Cortecero, algo en lo que lleva razón, según Martín Moreno, pues "si se trata de dirimir el ente concedente está en abstracto".
De otro lado, Martín Moreno ha insistido en que la participación de IFA/IDEA "se limitaba a cumplir órdenes de pago, era un mero pagador, pero en la tramitación de las ayudas para nada intervenía, pues era de la Dirección de Trabajo". En este sentido, ha expresado que durante la revisión les "sorprendió" la redacción de los convenios específicos para concesión de ayudas en los que se recogía, incluso, la finalidad del dinero destinado a una empresa, "cuando a IFA sólo se ordena el pago".
Sobre la valoración crítica que en los dictámenes del Consultivo se hizo sobre la actuación del IFA, el testigo ha señalado que tenía sentido que IFA pagara para ganar agilidad, aunque no sabe cuánto tiempo se ganaba. "Se constató que se articulaba un procedimiento deficiente en la Dirección de Trabajo porque los convenios particulares reflejaban lo que tenía que reflejar los expedientes administrativos y la resolución. No tiene sentido si IFA/IDEA se limitaba a pagar y no existía fiscalización previa, quién comprueba que se cumplen los requisitos", se ha cuestionado.
"Se consigue más agilidad en el pago, pues en lugar de orden de pago a la Consejería se hacía a IFA/IDEA, que ya tenía el dinero con la transferencia de financiación. Cuando se usa un ente es porque se cumplen los principios de eficacia y eficiencia, pero respetando los principios de la Hacienda Pública", ha explicado.
Por su parte, el abogado de Juan Márquez, director de Trabajo entre mayo de 2008 y marzo de 2010, ha exhibido al testigo diferentes dictámenes del Consejo Consultivo en los que declara nulas de pleno derecho las ayudas concedidas, una tramitada completamente por el sucesor de Márquez, Daniel Rivera --excluido de esta causa judicial--, y otra de su defendido, asegurando el testigo que de la tramitación de las ayudas la conclusión es la misma, la omisión "total y absoluta" del procedimiento administrativo.
Martín Moreno ha explicado que no se observa "el mismo grado de incumplimiento" en las tres etapas analizadas (correspondientes a Francisco Javier Guerrero, Márquez y Rivera), pues al final del periodo investigado los expedientes estaban "más ordenados", aunque desde el punto de vista administrativo son todas "nulas de pleno derecho", lo que refleja que los expedientes de la época de Márquez y Rivera "eran iguales desde el punto de vista administrativo", si bien Rivera está excluido en la causa.
MANUEL GÓMEZ PIDE LA PALABRA
Tras concluir la declaración de Martín Moreno, el ex interventor general Manuel Gómez, presente en la sesión, ha intervenido para, "con la venia", dirigirse al tribunal, con el fin de aclarar lo dicho por los últimos testigos sobre la doble fiscalización, algo que ve imposible porque con la transferencia a IFA/IDEA se liquida el crédito disponible en la Dirección de Trabajo y no se puede generar un documento de gasto por cada subvención.
El presidente de la Sala ha respondido rápidamente al acusado: "No es el momento procesal oportuno durante la práctica de la prueba, usted podrá hacer uso del derecho a última palabra". "Muchas gracias, señoría, tenía que intentarlo", ha concluido Gómez.
