21 de enero de 2020
9 de diciembre de 2019

Maeztu investiga la aplicación del porcentaje de reserva en discapacidad en ofertas de empleo de administración local

Maeztu investiga la aplicación del porcentaje de reserva en discapacidad en ofertas de empleo de administración local
Imagen de la toma de posesión de Jesús Maeztu como Defensor del Pueblo Andaluz el pasado - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias por el "incumplimiento" de la aplicación del porcentaje de reserva establecido en la legislación andaluza para personas con discapacidad en los procesos selectivos convocados por la administración local andaluza.

En el texto e la queja, consultado por Europa Press, la institución señala que han sido numerosas las quejas que se han recibido en las que afectados por una discapacidad igual o superior al 33%, que han participado en procesos selectivos convocados por la administración local andaluza, denunciaban que "no se respetaba" el cupo de reserva para personas con discapacidad que se establece en el artículo 28.1 de la Ley 4/2017 de 25 de septiembre de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

Tras haber tenido acceso a estas convocatorias y examinadas sus bases, el Defensor señala que ha podido comprobar que la reserva de plazas para personas con discapacidad en las distintas convocatorias aprobadas por los órganos convocantes de la administración local que desarrollan las ofertas de empleo público "respetan, por lo general" la reserva de plazas que se establece en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que establece un cupo mínimo de reserva del 7% en favor de estas personas que tendrá que ser observado por todas las administraciones públicas en sus ofertas públicas de empleo.

No obstante, la Defensoría precia que las administraciones públicas territoriales (comunidades autónomas) "pueden elevar este cupo, así como adoptar sus propias normas más favorables sobre las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, e incluso, una vez superado este proceso, pueden mejorar las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad".

En este sentido, recuerda que la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en su articulo 28, "mejora los cupos de reserva que se establecen a nivel estatal, estableciendo que la reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal, convocadas por las administraciones Públicas de Andalucía no podrá ser inferior al 1 % de las vacantes para ser cubiertas entre las personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33% y la compatibilidad con el desempeño de sus tareas".

Este marco legal, a juicio de la Defensoría, "responde a la necesidad de adecuación de la normativa estatal y autonómica a los principios constitucionales y estatutarios que garantizan la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, así como a la normativa europea de obligada aplicación y a los tratados internacionales que, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Española, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico".

Además, Maeztu subraya que "hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad constituyen un sector de la población muy heterogéneo, pero todas ellas tienen un denominador común, y es que precisan de una protección singularizada en el ejercicio de sus derechos y libertades básicas debido a su situación de discapacidad, y la existencia de barreras que evitan su participación plena en los actos de la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de las personas".

Por consiguiente, continúa, "todos los esfuerzos por conseguir la plena integración, igualdad de oportunidades y no discriminación de estas personas en su desarrollo personal, es un objetivo por el que las Administraciones públicas, como garante de los derechos de este colectivo, deben luchar incansablemente".

Ante esta situación, la institución considera que las administraciones públicas de Andalucía "deberán aplicar los porcentajes de reserva establecidos en la legislación andaluza en materia de discapacidad en los procesos selectivos que convoque, que mejoran los establecidos en la ley estatal, lo que se viene incumpliendo en numerosas convocatorias de ofertas de empleo público que se vienen realizando en el ámbito de la administración local, según hemos podido conocer", y, como consecuencia, ha iniciado esta actuación de oficio.

Para leer más