CÓRDOBA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Grupo Prasa, el empresario cordobés José Romero González, ha sido requerido, en el marco de la operación 'Astapa', para prestar declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, al objeto de que facilite información sobre la actividad inmobiliaria desarrollada en Estepona (Málaga) a lo largo de los últimos años por dicha compañía.
Según dijeron hoy a Europa Press fuentes de Prasa, aunque se haya llamado a declarar en sede judicial a Romero, que es también el máximo accionista del Córdoba C.F, equipo de Segunda División Nacional de Fútbol, no hay constancia de que se le haya imputado en relación con la presunta comisión de ningún delito, sino que sólo se ha demandado su presencia en el juzgado para ampliar información sobre la actividad inmobiliaria del Grupo Prasa a lo largo de los últimos años en el municipio de Estepona.
El Grupo Prasa, fundado en 1961, da empleo a más de 2.700 personas y facturó 755 millones en 2006, siendo en la actualidad una de las compañías más destacadas en el ámbito de la empresa familiar en España, aunque su expansión internacional la ha llevado a abrir delegaciones y a desarrollar su actividad, fundamentalmente en el sector inmobiliario, en seis países de tres continentes, además de en toda España (Portugal, Rumanía, Polonia, Marruecos, Túnez y Brasil).
A sus actividades iniciales en construcción y promoción de viviendas se sumaron en los últimos años la gestión y desarrollo de suelo, el turismo (hoteles y complejos residenciales) y la atención a la tercera edad (residencias para mayores), con la previsión de incluir al sector sanitario, con la construcción de un hospital en Córdoba, en su cartera de más de 30 empresas propias y asociadas, a nivel nacional e internacional.
ACTUACIÓN DE LA UDEF.
La declaración de Romero se produce en el marco de la citada operación 'Astapa', en la que agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, están desarrollando un amplio dispositivo policial contra la corrupción urbanística en Estepona, en la que se han detenido hasta ahora a 23 personas, entre ellas a los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios.
Según informaron desde la Dirección General de la Policía en un comunicado, la operación, que ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.
La operación 'Astapa' afecta a algunos miembros del Ayuntamiento de Estepona y a empresarios relacionados con ellos, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.
Hasta el momento entre los 23 arrestados están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde, Antonio Barrientos; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, la edil de Educación, María Victoria López; la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino; técnicos, como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete, José Flores; abogados y empresarios. Además, también habría sido arrestado el concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina.
Se están practicando 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas.
Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas. Según indicaron la operación continúa abierta.
