Málaga.- El juez deniega la libertad al ex concejal de Transportes de Marbella, en prisión por el caso 'Malaya'

Actualizado: jueves, 4 mayo 2006 21:42

MARBELLA (MALAGA), 4 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento, denegó la libertad para el ex concejal de Transportes marbellí, Victoriano Rodríguez, según confirmaron a Europa Press sus abogados, quienes expresaron que han recurrido ante la Audiencia el auto dictado por el instructor.

La defensa del ex concejal de Transportes, dirigida por el ahora letrado Javier Gómez de Liaño, solicitó al juzgado que instruye la causa la libertad de su defendido, de unos 77 años de edad, en prisión desde el pasado día 1 de abril tras ser detenido en el comienzo de la operación denominada 'Malaya'.

Así, la petición de libertad se basó en que no había motivos para pensar en fuga, teniendo en cuenta la edad del imputado, ni en la destrucción de medios de pruebas. El juez imputa al ex concejal los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y alteración del precio de las cosas.

Así, entre otros hechos, considera que el edil junto con la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el concejal de Cultura José Jaén; colaboraron con la alcaldesa Marisol Yagüe y el asesor Juan Antonio Roca en preparar una ordenanza fiscal para el servicio de grúa a fin de que una empresa del empresario Ismael Pérez, imputado en la causa, se lo adjudicara.

Actualmente están en la cárcel la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cuya petición de libertad fue rechazada; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; para la que el juez desestimó el recursos contra el auto de prisión, y el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca.

Además, también está en prisión, además del concejal de Tráfico y Transportes; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro Montserrat Corulla, cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, en Madrid, y el industrial Rafael Ll.