JAÉN, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio con jurado iniciado este pasado lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén por la muerte de una mujer, A.G.O., enfermera de profesión, a manos presuntamente de su marido, J.A.P., en octubre de 2012 ha quedado ya este miércoles pendiente del veredicto, después de que las distintas partes hayan presentado sus conclusiones y el encartado haya dispuesto de un turno final de palabra en el que se ha reafirmado en su inocencia.
"No he hecho nada de lo que se está diciendo aquí", ha afirmado después de que su defensa haya ratificado sus conclusiones, en las que pide su libre absolución, y tanto la Fiscalía como la acusación popular se hayan reafirmado en su convicción de que A.G.O. murió estrangulada por su marido, al que consideran así autor de un delito de asesinato por el que piden una pena de 18 años de cárcel.
No obstante, la Fiscalía ha modificado su escrito de calificación de los hechos, en el que inicialmente apuntaba que el marido de la enfermera se había valido de sus manos para estrangular y sofocar a su mujer, mientras que ahora considera que usó "un objeto blando", como "una prenda de ropa o similar", para ello, un cambio al que se ha adherido la acusación popular, ejercida por la Junta de Andalucía.
La tercera sesión del juicio ha comenzado con la reproducción de la grabación de la llamada que el acusado realizó al 112 el 9 de octubre de 2012, cuando supuestamente encontró el cuerpo de su mujer en el dormitorio. En ella se escucha al procesado llorando solicitando urgentemente una ambulancia porque su mujer está "muy mal". Además, apunta que "no está consciente" y, cuando el personal que le atiende le pide que realice ejercicios para tratar de reanimar a su esposa --en la creencia de que aún estaba viva-- indica que "no puede abrirle la boca", y que "no sabe" si respira.
En su turno de palabra para exponer sus conclusiones, el fiscal ha tratado de convencer al jurado de que a A.G.O. "la mató el acusado", para lo cual ha considerado "fundamental" la autopsia practicada por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén, unos "peritos públicos, objetivos e imparciales, que actúan al servicio de la Administración de Justicia", que concluyen que el cadáver "presentaba multitud de signos de violencia" y que falleció "asfixiada".
Frente esa labor, ha cuestionado la validez de los informes de los peritos "privados" contratados por la defensa --profesores de las universidades de Málaga y Santiago de Compostela--, incidiendo en que han sido "elegidos" por el abogado de J.A.P., lo que le lleva a pensar que sus conclusiones puedan estar orientadas en el sentido que interesa a la defensa.
También ha subrayado que no hay "ningún dato objetivo para afirmar" que la fallecida "se había inyectado 'Propofol'" --un anestésico que supuestamente consumía, según su marido--, para lo cual se basa en el resultado de una muestra de sangre analizada por los forenses y en la que "no se encontró" ningún resto de ese fármaco.
Igualmente, el fiscal se ha detenido en resaltar la importancia de que aparecieran restos de 'adn' masculino bajo las uñas de la fallecida que atribuye a su marido y que no habrían llegado hasta allí de forma pacífica, sino al presentar la mujer "un mínimo intento de lucha".
Por último, considera "fundamental" para explicar este supuesto crimen conocer la "infidelidad" de la víctima hacia su marido, lo que le lleva a calificar el suceso como "un caso claro de violencia de género", al hilo de lo cual ha recordado que dos compañeras de la enfermera declararon este martes que ésta les había comentado que "quería separarse".
En la misma línea, la representante de la acusación popular sostiene que ha quedado "suficientemente acreditado" el que la muerte de la enfermera "fue causada por el acusado por asfixia mecánica", algo que ha vinculado también a la "importante crisis matrimonial" por la que atravesarían el procesado y su esposa, si bien "parece que de cara al exterior daban una imagen distinta", como lo probaría el hecho de que "nadie" de su entorno supiera de la "infidelidad" de ella.
De esta manera, para la acusación popular resulta "totalmente improbable" que el 'adn' hallado en sus uñas no fuera de su marido, "el único miembro masculino de su familia con quien pudo tener contacto físico ese día", y coincide en estimar la data de la muerte "entre las 15,00 y las 22,00 horas del 8 de octubre de 2012".
LA DEFENSA
Frente a esos argumentos se sitúa el abogado defensor, que ha comenzado su intervención recordando al jurado el principio de presunción de inocencia, así como que "en caso de duda" y tras un análisis "objetivo" de pruebas, debe adoptarse una decisión "siempre a favor del acusado".
Así las cosas, ha descartado que A.G.O. muriera estrangulada porque "en este tipo de supuestos hay una violencia externa tanto en el lugar de la muerte como en el propio cuerpo", algo que, según ha remarcado, no se daba en el cadáver de la enfermera, y ha cuestionado las conclusiones del informe de la autopsia practicada por el IML.
En concreto, ha confirmado que en la cabeza de la fallecida se hallaron "infiltraciones hemorrágicas sospechosas", si bien ha vinculado su origen a la posición boca abajo en la que se encontraba el cuerpo, y ha indicado que en los casos de estrangulamiento "casi siempre existe una lesión en la región osteocartilaginosa", algo que no se da en este caso, según ha apuntado el letrado del acusado, que ha defendido su decisión de acudir a peritos privados para contrastar los informes del IML y Toxicología, subrayando además el "prestigio" de los profesionales a los que se ha acudido.
Al hilo, ha recordado que el profesor de la Universidad de Santiago Luis Concheiro concluye que las presuntas lesiones que presentaba la víctima podían ser "fenómenos 'post-mortem'" o "artefactos" como consecuencia de las tareas de reanimación que realizó el acusado, o de la autopsia, que no se realizó siguiendo las recomendaciones de una directriz europea de 1999, según ha insistido, que establece que "cuando existe gran acumulación de sangre en la cabeza, hay que intentar drenar el cuello", para lo cual "primero hay que abrir la cabeza y después el tronco".
"Tampoco existen lesiones internas o externas en boca o nariz que pudiesen justificar una sofocación", ha añadido antes de lamentar que aunque "toda la instrucción" de este caso se centró "en la data de la muerte", finalmente el juicio concluye sabiendo "menos" de ese aspecto de "muchísima importancia".
En esa línea, ha afirmado que "las acusaciones no pueden mantener cuál ha sido la hora de la muerte", lo que le lleva a criticar que acusen a su cliente cuando "no estuvo toda la tarde" del 8 de octubre en su casa, ya que "está acreditado que salió sobre las 20,30 o 20,45 horas" en dirección a casa del amigo donde pasó esa noche.
El abogado ha concluido subrayando que "si las cosas se hubiesen hecho bien" por parte de los forenses "probablemente" se dispondría de "una data más aproximada", ya que, de entrada, ni siquiera en el momento del levantamiento del cadáver "se determinó una hora" del óbito, a pesar de que "es obligatorio hacerlo, aunque uno se equivoque".
Para la defensa, A.G.O. murió "en torno a las 23,00 o 0,00 horas del día 8", así como que "no se puede descartar" que ésta "hubiera consumido 'Propofol'", habida cuenta de la "parafernalia" que presentaba el dormitorio, con jeringuillas y frascos de ese producto.
Finalmente, ha tachado de "absurdo" que un "problema afectivo de finales del año 2010" haya podido desembocar en este supuesto crimen, cuando el matrimonio había dejado de recibir tratamiento psicológico y había pasado unas buenas vacaciones de verano en 2012.
