Maeztu señala en el Parlamento que el 40% de las quejas nuevas afectaban a la Junta de Andalucía y el 28,8% a ayuntamientos y diputaciones
SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 170.872 personas solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en 2017 en defensa de sus derechos y libertades, ante lo que consideraban una irregularidad o una mala gestión en las actuaciones de las administraciones públicas, de las cuales 143.000 lo hicieron con requerimientos por el Impuesto de Donaciones y Sucesiones.
Así lo ha indicado Jesús Maeztu en su intervención este miércoles en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para exponer el resumen del Informe Anual 2017 de la institución. Además, ha indicado que las 27.000 restantes que solicitaron una actuación de este comisionado parlamentario entran en la media de las personas que acuden cada año al Defensor y registraron un número superior a 2016, cuando acudieron 22.492.
Entre otros datos, ha señalado que de las 6.792 quejas nuevas (6.624 a instancia de parte y 168 de oficio) en 2017, 2.760 (el 40,6%) afectaban a la Junta. Las consejerías de Educación (770), Igualdad y Políticas Sociales (723), Salud (419) y Fomento y Vivienda (419) fueron las más afectadas. De otro lado, las quejas recibidas fueron dirigidas en 1.969 casos (el 28,8%) a ayuntamientos y diputaciones. El resto afectaron a Administración del Estado, empresas prestadoras de interés general, órganos judiciales, universidades, etcétera.
Además, ha indicado que a las quejas nuevas se sumó la tramitación de otras más de 3.000 de años anteriores, hasta un total de 9.815. Asimismo, el Defensor atendió 10.378 consultas y realizó 675 actividades de promoción de derechos, con un balance global de 20.868 actuaciones. Un año más, su actuación estuvo caracterizada por materias que afectan al Estado de Bienestar, que coparon el 54 por ciento de las actuaciones.
También apunta que el mayor número de quejas gestionadas en 2017 estuvieron relacionadas con el personal del sector público (1.272 quejas); la vivienda (1.061 quejas); la educación (968 quejas); los menores (878 quejas) y el medio ambiente (632 quejas). Asimismo, las materias que más crecieron fueron igualdad de género (105%); obras públicas y expropiaciones (32,4%); dependencia (22,9%); y consumo (21,9%).
Maeztu ha destacado que del total de las quejas gestionadas en 2017, 6.493 expedientes (66%) se cerraron y otro 34 por ciento está pendiente. De los 3.305 casos admitidos a trámite y cerrados, en 2.008 se ha detectado que existe irregularidad de la Administración. De ellos, en 1.899, un 94 por ciento, las administraciones han aceptado la actuación y el Defensor ha logrado que el asunto se haya solucionado o se encuentre en vías de solución.
Sobre la colaboración de las administraciones, Maeztu ha subrayado que con la Junta "ha sido adecuada en el 78% de los casos y con los ayuntamientos, el 63%", y sobre la satisfacción de los ciudadanos con el trabajo de la institución, destaca que es de un 7,6, la nota más alta desde 2004.
Acerca de las actuaciones, el Defensor ha resaltado la labor realizada el año pasado con la defensa de Doñana, las consecuencias del Brexit para Andalucía o los perjuicios en la población rural del cierre de oficinas bancarias, así como la elaboración de un informe especial sobre la muerte digna y las carencias en su aplicación.
Por materias, en educación, Maeztu ha vuelto a denunciar un año más la situación de la educación especial, donde las queja han crecido un 12 por ciento más que en el año anterior. Este año además la institución recibió quejas por el nuevo decreto que regula el acceso a las guarderías y, en especial, las dificultades para acceder a una plaza para los alumnos en exclusión social.
LAS LISTAS DE ESPERA, EL 25% DE QUEJAS EN SALUD
En salud, asegura que el protagonismo siguió recayendo en las listas de espera. Durante 2016 el Defensor cifró las quejas en relación a los tiempos de respuesta asistencial en el 25 por ciento de las recibidas en el ámbito de la salud, pero en 2017 dicho porcentaje incluso se superó.
En servicios sociales, Maeztu ha anotado que se siguen denunciando retrasos en la tramitación de ayudas a la dependencia, que está generando una tramitación media de hasta dos años, cuadriplicando con ello el máximo legal. Sobre la recién aprobada Renta Mínima de Inserción Social, la institución ha iniciado una queja de oficio.
En vivienda, llama la atención por la subida de lanzamientos derivados de desahucios por impago de rentas de alquiler y por los desalojos por ocupaciones sin título de vivienda, tanto públicas como privadas (entidades financieras) y ha trasladado su preocupación por el auge de los apartamentos turísticos y sus consecuencias.
En justicia, ha descrito el "colapso" en numerosos órganos judiciales, principalmente en aquellos asuntos vinculados a los escenarios de esta situación económica, y como novedad, ha comentado el impacto provocado por los litigios derivados de operaciones de préstamos con garantías hipotecarias.
"DEMORAS DE HASTA 7 AÑOS EN LAS AYUDAS AL EMPLEO"
En relación con suministros básicos, Maeztu ha señalado que en 2017 bajan las quejas por cortes derivados de impagos, mientras que en empleo, ha anotado que "a un buen número de alumnos se les sigue adeudando el pago de las ayudas previstas para los programas para el fomento del empleo, demorándose hasta siete años en un número significativo de ellas".
Por último, ha reseñado que en 2017, el nuevo servicio de mediación de la institución ha tramitado 57 quejas, de las cuales solo una de ellas es una queja de oficio, abierta en 2016, referida a la intervención mediadora en el proceso integral que se está desarrollando en la barriada de El Puche, en Almería. Según Maeztu, la mediación ha procurado un 80 por ciento de acuerdos entre las partes, sin un solo asunto en el que se haya mediado y las partes no hayan podido lograr un pacto.
El popular Antonio Saldaña ha destacado la insistencia de la Defensoría "por defender algunos de los casos", al tiempo que ha afirmado que los números concretos de las actuaciones "es incontestable". También se muestra "sorprendido por la negación que ha podido ver en debates en el Parlamento sobre determinados asuntos" y pide a Maeztu que "sea un mediador de los parlamentarios para que le diga a Susana Díaz que los demás no nos inventamos nada".
Lucía Ayala de Podemos ha asegurado que el incremento de las quejas en igualdad de género "está en sintonía con el empoderamiento de la mujer", asegura que la dependencia "es una de las grandes tareas pendientes de la Junta" y le llama la atención "la subida de denuncias por el trato indigno en las residencias de mayores". Además, ha agradecido la labor del Defensor en Doñana y los parques naturales de Andalucía.
Desde Cs Julio Díaz ha destacado que este informe "es un trabajo rigurosos y bien documentado" y la proximidad del Defensor a los andaluces. Además, considera la mediación "un elemento esencial", aplaude que la institución esté "cerca de quienes más dificultades tienen" y pone el acento "en la necesidad de que no haya confrontación y sí coordinación entre las administraciones en el tema de la violencia de género".
La diputada de IU Inmaculada Nieto ha destacado el crecimiento del número de quejas en materia de igualdad, algo que considera positivo "en la medida en que las mujeres no se siente desamparados" y dice que comparte su preocupación "con el número creciente de desahucios por impacto de alquiler y el fenómeno de la turistificación".
La socialista Soledad Pérez ha felicitado al Defensor por los resultados positivos y "ponerle cara a la respuesta de la gente". Además, ha dicho que "no les preocupa que el 54% de quejas tengan que ver con políticas sociales", porque "sustenta más del 70% de la inversión y el esfuerzo de la Junta2".
