SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley defendida por el PSOE-A, que ha contado con el voto a favor de Cs y el apoyo parcial de PP-A, Podemos e IULV-CA, y en virtud de la cual se demanda que la Junta inste al Gobierno central a que garantice la sostenibilidad y financiación del sistema de Dependencia en España.
La Cámara andaluza reclama que el Ejecutivo nacional ponga en marcha todas y cada una de las medidas incorporadas en el Informe de la "Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades asociadas a la dependencia", aprobado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en octubre de 2017.
Asimismo, demanda al Gobierno central que modifique el sistema de financiación del sistema de dependencia, de manera que se mantenga el carácter finalista del mismo, se tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación, se priorice los servicios sobre las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas y que sea garantista de un esfuerzo equitativo entre Estado y comunidades autónomas, respetando la financiación 50-50.
Asimismo, el Grupo Socialista pide que la Junta plantea al Gobierno central que se recupere durante este año, al menos, las cuantías del nivel mínimo y nivel acordado de financiación previstas en la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que haga posible la sostenibilidad del sistema y la atención a las personas en situación de dependencia.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha explicado que en el citado informe sobre la situación del sistema de la Dependencia, se cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado (283 millones de euros menos cada año) y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo (un 13 por ciento menos cada año), produciendo un quebranto económico a las comunidades autónomas.
Asimismo, Pérez ha señalado que, según dicho informe, una financiación equitativa acorde con la ley hubiese obligado al Gobierno central a aportar 1.700 millones de euros más cada año, lo que hubiese generado más de 100.000 puestos de trabajo y aportaría retornos económicos al Estado de más del 40 por ciento.
Ha afirmado que, fruto de estos "recortes y retrocesos" en la implantación de la ley por parte del Gobierno Central, Andalucía ha dejado de percibir más de 625 millones de euros, con los que se podría haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia, lo que hubiera supuesto a su vez la generación de más de 25.000 empleos directos.
Para posicionar al PP-A, su diputada Ana Vanesa García ha dicho que el informe referido en la iniciativa ha sido "muy ilustrativo" y pone "negro sobre blanco" al no posicionar a Andalucía "como líder ni como la mejor de España" en materia de dependencia. "A lo mejor somos líderes pero por la cola, en listas de espera, en deuda y en prestaciones low cost", ha afirmado la parlamentaria 'popular', quien ha afirmado que otras comunidades "sí gestionan bien la dependencia y no tienen que gastarse dinero en campañas de promoción".
Por parte de Podemos, su portavoz adjunta Esperanza Gómez ha considerado de "vital importancia" abordar la Ley de Dependencia diez años después de su aprobación y tras sufrir "hachazo tras hachazo" por parte del Gobierno del PP, que le dedica una financiación "ínfima", convirtiendo la normativa en una "pantomima". Ha criticado que las comunidades estén asumiendo más del 80 por ciento de su financiación y ha reclamado una reforma del actual sistema "con la experiencia de estos años".
En nombre de Cs, su portavoz adjunta, Marta Bosquet, ha considerado que esta iniciativa es "oportuna" por el informe al respecto aunque "no aporta nada nuevo". No obstante, ha dicho que "no está de más recordar los recortes y la necesidad de revertir los mismos", siendo necesario un cambio en el sistema y dotarlo de suficiencia financiera. "Esta ley nació hace diez años de forma ambiciosa pero no ha ido acompañada de la financiación necesaria", ha apuntado.
Finalmente, la portavoz adjunta de IULV-CA Elena Cortés ha indicado que estamos ante un debate de "luces largas y cortas" y ha mostrado su "sorpresa" en relación el estudio aludido en la iniciativa porque aunque su grupo está de acuerdo con las recomendaciones que plantea, hay cuestiones que se "obvian", como que señala solo a las personas mayores como dependientes, "como si no hubiera menores en el sistema".
