SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este jueves el decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, con el que se pretende favorecer la inversión privada en la comunidad.
En concreto, el decreto, que ha defendido ante la Diputación Permanente el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha contado con el respaldo del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y de Vox, mientras que los grupos parlamentarios del PSOE-A y Adelante Andalucía lo han rechazado. Asimismo, con los votos contrarios, se ha rechazado tramitar el decreto como ley.
Velasco ha explicado que el decreto se encuadra en el conjunto de iniciativas que "el Ejecutivo andaluz viene impulsando con el propósito de elevar los niveles de eficiencia y competitividad de nuestro tejido productivo, incentivar la inversión privada en la región, crear empleo y ayudar a mejorar la convergencia con España y Europa".
Asimismo, ha abordado la idoneidad de dicha norma para evitar "los efectos negativos que una nueva crisis pudiera generar en la economía andaluza", refiriéndose a la actual coyuntura nacional e internacional.
"Es necesario adoptar medidas urgentes de políticas de oferta que contribuyan a minimizar las consecuencias que para el crecimiento económico puedan derivarse del incierto escenario tanto nacional como internacional", teniendo en cuenta "las condiciones del contexto actual, con situaciones como el Brexit, la subida de aranceles por parte de EEUU o la inestabilidad política nacional actual".
Posteriormente, para posicionar al PSOE-A, el portavoz adjunto Manuel Jiménez Barrios ha dicho que parece que el Gobierno "no se ha leído" la norma anterior de este marco ya que incluye medidas que ya estaban, si bien "se parece incluso en frases textuales", siendo el decreto, en definitiva, "una propaganda importante pero con poca sustancia en comparación con la norma anterior". Además, ha defendido que la urgencia por una posible crisis debería llevar a tramitar este decreto como ley.
En nombre del PP-A, la presidenta del grupo, Loles López, ha defendido que el decreto-ley es "absolutamente un acierto" porque su objetivo no es otro que "facilitar la vida de quienes crean empleo en Andalucía". Ha subrayado además que la norma ha sido consensuada con el sector y que recoge "una petición que llevaban haciendo mucho tiempo los creadores de empleo, que es la mayor demanda de los andaluces".
Mónica Moreno, parlamentaria de Cs, ha respaldado el decreto-ley que ha presentado el Ejecutivo andaluz y ha hecho hincapié en que "un Gobierno responsable pone en marcha medidas de contingencia y pilares para en el futuro evitar los efectos negativos que pueda traer la posible desaceleración económica que tenemos en puerta".
Por Adelante, la portavoz adjunta, Ángela Aguilera, ha tildado el decreto "del todo al cien" porque cree que con él "Andalucía se vende a precio de saldo", así como ha criticado que "ahonda en favorecer las inversiones privadas dando igual el coste social, medioambiental y las condiciones laborales que suponga". Además, ha apuntado que "no es de recibo que el Gobierno lleve al Parlamento tres decreto-ley en un mes inhábil, hurtando a la oposición el debate".
Por último, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha saludado la iniciativa porque no ve en su puesta en marcha "ningún efecto negativo" y porque "aunque sea con pequeños avances ya ganamos respecto a la situación actual". No obstante, se ha mostrado preocupado por "la sumisión al medioambientalismo dominante" y avisa de que "lejos de mejorar podemos empeorar si no conseguimos ni mejorar el medioambiente ni mejorar la situación de nuestros empresarios".
EL DECRETO
La norma aprobada pretende favorecer la inversión privada en la comunidad y recoge la creación de la Unidad Aceleradora de la tipología de proyectos empresariales que respalda, que se encargará de que su tramitación ante la Administración autonómica se realice con agilidad y eficacia; y por otro, modifica la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) en algunos aspectos que otorgan seguridad jurídica en el desarrollo de la inversión.
Se ampara en la necesidad de tomar medidas urgentes que eviten los efectos negativos que una nueva crisis pudiera generar en la economía andaluza y favorezcan el desarrollo de la región y la creación de empleo. Por ello se ha modificado la Ley 4/2011 de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía, ya que tras ocho años de aplicación el impacto en la reactivación económica y en la creación de empleo no ha sido el esperado.
El decreto ley tiene como objetivo clarificar y ampliar las categorías de proyectos que pueden ser declarados de interés estratégico, así como simplificar y reducir los trámites y plazos administrativos, con el fin de eliminar trabas que puedan dificultar la inversión, en consonancia con las nuevas directrices marcadas por el actual Ejecutivo andaluz de favorecer el impulso de cualquier actividad económica.
La reforma afecta al procedimiento de declaración de interés estratégico tanto en la fase previa como en el posterior desarrollo de los proyectos.
En la fase inicial se introducen nuevas categorías para acogerse a esta fórmula, dándose prioridad a iniciativas de economía circular, eco innovación o que contribuyan al desarrollo energético sostenible de la región, en consonancia con las exigencias del nuevo paradigma de crecimiento económico. También se incluyen inversiones en materia de atención a la dependencia o de carácter social, así como aquellos proyectos que fomenten la renovación del patrón productivo utilizado hasta el momento en sectores tradicionales mediante la incorporación de innovaciones.
También en esta primera etapa se facilita que proyectos de menor envergadura inversora puedan acogerse a esta consideración, rebajando el importe a 25 millones de euros; y los puestos de trabajo a 50. Además, contempla la posibilidad de que otras iniciativas empresariales que no cumplan con esos mínimos puedan ser analizadas por si pueden contribuir al desarrollo económico y al empleo. Asimismo, esta nueva regulación elimina ambigüedades y simplifica la documentación exigida a los promotores de las iniciativas.
Por otro lado, el decreto ley reduce los trámites que se han de cumplir en todo este proceso, al centralizar en la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la remisión de las solicitudes, que hasta ahora se presentaban en cada uno de los departamentos de la Junta con competencia en las materias correspondientes.
Igualmente, a partir de esta norma, será la Comisión de Política Económica la encargada de iniciar el procedimiento y, además, según establece el texto, tendrá el plazo de un mes para informar y recabar del conjunto de consejerías la valoración inicial del proyecto respecto a su viabilidad administrativa. A su vez, este órgano, tras disponer de toda la información necesaria, remitirá en diez días el informe sobre el proyecto que servirá de base para que la Comisión Delegada para Asuntos Económicas proceda, en su caso, a declarar de interés estratégico para Andalucía la propuesta presentada.
