SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, casi en su totalidad y con diferentes apoyos en su articulado, una proposición no de ley de Podemos que, entre otros asuntos, reclamaba que el Gobierno andaluz asuma progresivamente los servicios de mantenimiento de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) actualmente privatizados. Este punto, en concreto, ha sido rechazado por el PSOE-A, PP-A y Cs y apoyado por IULV-CA.
Asimismo, también se ha rechazado, con la oposición del PSOE-A y Cs y el respaldo del resto de fuerzas, pedir que se realicen las actuaciones oportunas para paralizar el procedimiento correspondiente a la licitación del servicio de mantenimiento general de los dispositivos hospitalarios de los centros sanitarios en la provincia de Cádiz.
Y con la misma correlación de fuerzas, se ha rechazado reclamar que se realicen las modificaciones normativas necesarias para regularizar la situación de la titulación correspondiente de técnico superior de cada categoría, "de forma que se elimine toda polivalencia y se reglamenten las distintas categorías y especialidades de mantenimiento".
Otro punto que se ha rechazado, con el rechazo del PSOE-A y Cs, la abstención del PP-A y el apoyo de IU, ha sido proponer que la Consejería de Salud mantenga una reunión con el personal de mantenimiento y haga posible la creación de una mesa técnica consultiva, con el fin de que tenga conocimiento de primera mano de la situación de los servicios públicos de mantenimiento de los centros sanitarios públicos, así como para que se planteen en la misma políticas de reversión de funciones externalizadas en estos centros y vías para garantizar la existencia de un mantenimiento público con todas las funciones que le son propias.
El único punto que ha sido aprobado, por unanimidad, ha sido el relativo a que se ponga en funcionamiento la bolsa de trabajo de mantenimiento, que está paralizada desde hace meses.
Para defender la iniciativa, el parlamentario de Podemos Jesús Rodríguez ha explicado que el traspaso para que la provisión de servicios sanitarios y no sanitarios sea asumida por sectores privados no es algo nuevo, "se viene realizando desde hace años bajo la técnica conocida como 'de goteo', ganando cada vez más terreno en detrimento de los servicios públicos".
De este modo, ha lamentado que se hayan considerado que determinados servicios no sanitarios son complementarios y no fundamentales, "como si no estuvieran ligados directamente con el buen funcionamiento y la calidad asistencial de los centros, por lo que se han considerado susceptibles de traspasarse a manos privadas".
Así, ha criticado que las "empresas especializadas que iban a prestar los servicios a un menor coste y de forma más eficiente" pero, sin embargo, "los hechos demuestran que no ha sido así, puesto que estas empresas ni mejoran la gestión ni otorgan mayor calidad al servicio, sino que, por el contrario, producen numerosas interferencias en el normal funcionamiento del centro sanitario, hospital o centro de salud".
Podemos advierte de que algunas de las consecuencias de seguir este modelo de externalización son "demoras en los arreglos, incremento de precios de coste u obras revisadas por personal por personal propio de mantenimiento después de que se contratara a una empresa", circunstancia que "condiciona y potencia que la capacidad de resolución de los centros públicos se reduzca".
Con todo, defiende que es urgente que se recupere la confianza en los servicios públicos, para lo que "la administración ha de contar con los recursos y herramientas adecuadas con el fin de gestionar cuantos servicios se desarrollen o tengan vinculación directa o indirecta con la prestación asistencial" y, así, "se debe aumentar la capacidad de resolución de las infraestructuras públicas y reducir los conciertos actuales".
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
Por su parte, en nombre del PSOE-A Francisco José Vargas ha mostrado la disconformidad de este grupo con "muchas" de las iniciativas de este PNL y ha considerado "intolerable" que "digan que la comunidad copia" mecanismos de otros territorios como Madrid o Valencia, cuando la Junta, durante la crisis, ha apostado por "una sanidad universal, pública, gratuita, digna y de calidad".
En su turno, la diputada del PP-A Ana Mestre ha mostrado su apoyo a los trabajadores y ha pedido a la Junta que vele por que se cumplan los pliegos de condiciones de los contratos de los servicios y que no se vulneren los derechos de los trabajadores. "Todas estas reivindicaciones de estos trabajadores y de muchos otros son fruto de los recortes de la Junta, que en siete años se hacen insoportables", ha advertido.
Isabel Albás, diputada de Cs, ha asegurado que, "cuando se deja mucho tiempo el mantenimiento de cualquier cosa --en este caso centros de salud--, el coste económico que conlleva se multiplica por una barbaridad", que se ha mostrado a favor de la colaboración público-privada siempre que el servicio sea bueno y se den mismas condiciones laborales.
En nombre de IULV-CA, la parlamentaria Inmaculada Nieto ha señalado que "con menos no se puede hacer más" en relación a los argumentos para privatizar servicios basados en la eficiencia y la competitividad y ha asegurado que las decisiones que llevan hacia la privatización son "de carácter ideológico" y no económicos.
