SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del PSOE-A, que ha sido apoyada por Podemos e IULV-CA y ha contado con la abstención de PP-A y Ciudadanos (Cs), en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recojan un nivel de inversión para Andalucía de acuerdo con su peso poblacional en el Estado, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía y que se corrija el déficit inversor generado desde el año 2008, que ya alcanza los 3.271 millones.
Asimismo se ha reclamado a la Junta que pida al Ejecutivo nacional
la agilización de las inversiones en infraestructuras que son prioritarias para el desarrollo de Andalucía, como la línea férrea
Algeciras-Bobadilla o la liberación del peaje en la AP-4.
Además de esta línea, se incluyen la Alta velocidad Almería-Murcia, la Alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, el Cercanías Córdoba, el Corredor ferroviario Costa del Sol, el desdoblamiento N-435 hasta Ruta de la Plata (Huelva), el desdoblamiento N-432 (Granada-Jaén-Córdoba-Badajoz) y conversión en A-81, el desdoblamiento N-322 (Linares-Albacete) y conversión en A-32, el soterramiento ferroviario de Granada, el tercer carril A-7, Almería-Roquetas, o la SE-40.
El Parlamento también ha aprobado que la Junta demande al Ejecutivo nacional que se recupere el nivel acordado de protección y financiación entre la administración central y las comunidades
para la atención a la dependencia.
"Dado que las autonomías están soportando la mayor parte del gasto asociado a estos servicios y prestaciones, es necesario equilibrar el esfuerzo financiero que deben realizar los dos niveles de Administración responsables de la financiación de la dependencia, lo que mejoraría la dotación del servicio que se presta a la ciudadanía", según el Parlamento.
Otras demandas aprobadas se refieren a que el Gobierno central arbitre las medidas necesarias para que cada administración pública pueda regular, previa negociación colectiva y con vigencia indefinida, una jornada ordinaria de trabajo de 35 horas para sus empleados públicos, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, y la eliminación de la tasa de reposición para todos los sectores.
Asimismo, se pide que el Gobierno central dote a Andalucía con un plan específico de empleo, por un importe de 420 millones.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha indicado que los PGE para 2018 presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy "son decepcionantes y no responden a las necesidades
de los ciudadanos andaluces, que ven cómo el Gobierno central vuelve a darles la espalda un año más". Ha dicho que el gasto público sigue perdiendo peso respecto al PIB y se relega a un segundo plano el mantenimiento del Estado del bienestar, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Ha agregado que las cuentas públicas para 2018 consolidan la discriminación con Andalucía, incumpliendo un año más lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía. Ha apuntado que en el período
2008-2018, la no aplicación de la disposición adicional tercera (DAT) ha supuesto una merma de inversión en la economía andaluza de 3.271 millones de euros. Según Ruiz, en 2018, la inversión pública en Andalucía supondrá el 14,6% del total regionalizable, 3,4 puntos por
debajo del 18% que la población andaluza representa en el conjunto de España, es decir, 345,4 millones de euros menos de los que les correspondería en función de la DAT.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha reprochado al PSOE-A que sus "latiguillos" venga a "ocultar" la "mala gestión" de la Junta "tergiversando la realidad" y negando que los PGE cuentan con medidas que benefician a los andaluces más vulnerables, a los jóvenes y a los parados.
La diputada de Podemos Andalucía María del Carmen Lizárraga ha advertido de que estos PGE, "antisociales y antiandaluces", no contienen medidas reales para frenar la brecha social y económica y coloca a España "en la cola" de Europa en gasto público y en inversiones.
Por su parte, el diputado de Cs Carlos Hernández White ha criticado al PSOE-A que "no sea consecuente" y pida responsabilidad a todos los grupos, "pero no la practique en Madrid con los PGE". "Puedo entender que no les gusten, pero ¿han negociado con ellos o han propuesto iniciativas para, al menos, abstenerse?", ha preguntado, toda vez que ha afirmado que "estos Presupuestos Generales benefician a muchos andaluces".
Por último, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha indicado que es imprescindible la mejora de la vertebración de la comunidad a través del ferrocarril y ha defendido un aumento de la financiación para políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y el impulso al parque público de alquiler social en Andalucía desde el Estado. Ha reclamado también que se rebajen los objetivos de deuda y techo de gasto de las comunidades y de los corporaciones.
