SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía
(AAEF) ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía los últimos catorce encargos directos a la empresa pública Tragsa para solicitar la anulación de
los mismos, ya que entiende que contravienen la Ley de Contratos del Sector Público.
En un comunicado, la patronal forestal andaluza ha alertado del "uso excesivo y abusivo" que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está haciendo de la figura del encargo a medio propio, habiendo contratado, recientemente y "de manera directa", diferentes obras y servicios en el medio natural por un importe cercano a los 18 millones de euros.
En este sentido, ha señalado que la Plataforma de Contratación Pública de la Junta de Andalucía ya ha informado de varios "encargos directos" a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) para el servicio de modernización y mejora de los caminos forestales en las diferentes provinciales andaluzas por importe superior a los 13 millones de euros.
La asociación ha apuntado que estos trabajos han sido desempeñados, tradicionalmente, por empresas forestales del sector privado, lo que supone "un importante agravio" a las normas de la competencia, como, ha dicho, ya ha denunciado el Consejo Nacional de la Competencia y el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, ha lamentado que la inversión prevista en licitaciones públicas para el medio natural está "ralentizada" desde el pasado mes de mayo, mientras que ha afirmado que los encargos directos a medios propios en Andalucía están teniendo "una gran repercusión" en este último trimestre del año.
"Además de la ejecución de las obras de emergencia por temporales y otras causas naturales, para cuyo fin sí se entiende el uso de esta
figura contractual, se observa que también se han encargado directamente otros trabajos como los servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en diferentes provincias de Andalucía, que no cumplen los requisitos legales para este tipo de contrataciones", ha indicado.
De hecho, ha asegurado que sólo desde octubre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha adjudicado, a través de encargos directos a medios propios, proyectos con un presupuesto global cercano a los 25 millones de euros.
Para la patronal forestal andaluza "no existen motivos que justifiquen esta avalancha de encargos, ni bajo criterios de eficiencia económica ni por motivos de urgencia o seguridad pública, requisitos del necesarios para que primaran el encargo directo frente a la contratación pública".
De este modo, ha interpuesto un recurso especial para la impugnación de los cuatro encargos al medio propio personificado Tragsa, consistentes en los "servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en las provincias de Málaga, Huelva, Granada y Almería para 2018-
2020", cuyos importes globales ascienden a cuatro millones de euros.
Para la AAEF, se está cometiendo una infracción en relación a la Ley de Contratos del Sector Público, ya que "estos encargos no pueden
acreditar la eficiencia de los mismos aplicando criterios de rentabilidad económica ni su necesidad por razones de seguridad pública o urgencia, únicas razones válidas legalmente para justificar encargos directos frente a la contratación pública".
Por último, ha criticado que empresas del sector vienen realizando trabajos de similares características para otras Administraciones públicas con las mismas competencias, y lo hace de manera solvente y cualificada, a unos precios mucho más competitivos, siendo fácilmente demostrable, además, que estos trabajos no responden a una necesidad de urgencia.
La AAEF ha anunciado que va a recurrir los encargos directos realizados por la Consejería a Tragsa para la modernización y mejora de los caminos forestales en Andalucía, cuyo presupuesto global es del 13 millones de euros. "Es especialmente llamativo que dichos servicios sí hayan sido sacados a licitación pública otros años por esta misma Consejería", ha dicho.
Desde esta patronal, han considerado que los encargos directos a la empresa pública responden más a una situación de "comodidad administrativa" que de "urgencia en su ejecución", evitando los plazos y controles reglamentarios previstos para cualquier licitación pública. No obstante, ha señalado que el uso de esta figura perjudica los intereses generales de Andalucía, ya que "es una fórmula menos eficiente económicamente y altera las reglas de la competencia empresarial, poniendo en peligro la subsistencia de las compañías privadas del sector".
