El tribunal recrimina a un perito de las defensas "las descalificaciones" a las tesis de otros
SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los nueve participantes en la prueba pericial, tres de auxilio judicial y seis de parte, que se celebra desde hace cinco semanas en el juicio contra los 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos han vuelto a mostrar sus discrepancias, y de nuevo, sobre si era "claro" o "críptico" el contenido del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo con el que se pagaban las ayudas de los ERE en los documentos que acompañan al anteproyecto, proyecto y Ley de Presupuestos anual de la Junta.
Pese a los llamamientos del tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a los peritos para que no reiteren sus planteamientos con respecto a cuestiones "debatidas hasta la saciedad", este miércoles se ha vuelto a analizar el marco competencial de las ayudas investigadas y su naturaleza jurídica y el conocimiento del programa 31L que se podía tener de la lectura de los documentos anexos a los anteproyectos, proyectos, leyes de presupuestos o de las modificaciones presupuestarias.
Tras más de una hora y media réplicas y contrarréplicas de los peritos sobre el marco competencial de las ayudas de los ERE, debate que nació en la sesión de tarde de este martes, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha realizado su primera pregunta del día sobre si de la lectura de la memoria del anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Empleo se establecía de modo claro "y no críptico" cuál era el objetivo del 31L.
Para Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, la memoria "deja claro" que la Dirección General de Trabajo instrumentalizaría la materialización de las ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en virtud del convenio marco firmado en 2001 entre Empleo y el propio IFA.
Sin embargo, para Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), "la documentación anexa al proyecto de presupuestos remitida al Parlamento desde 2002 hasta 2009 utilizó una terminología "críptica, ambigua y equívoca" que "nunca señaló el verdadero sistema de concesión de las ayudas".
"Tampoco señala que la función de IFA/IDEA quedaba limitada al pago de las subvenciones", ha añadido, precisando que en la memoria exhibida por el letrado Martínez del Hoyo "no se dice el sistema de concesión, ni el órgano concedente". "Que las ayudas existían lo sabía todo el Parlamento porque había enmiendas al programa presupuestario 31L y que el objetivo de éste era la concesión de ayudas", ha admitido, pero "las expresiones sobre el sistema de concesión eran genéricas e imprecisas".
"Durante diez años nunca se dijo en ningún documento que la Consejería de Empleo concedía las subvenciones e IFA/IDEA pagaba y se estuvieron presupuestando en IFA/IDEA gastos ficticios --en base a los fondos recibidos por las transferencias de financiación del 31L desde la Dirección General de Trabajo-- que hacía pensar que el ente público concedía y pagaba las ayudas, al menos desde 2001 hasta 2008", ha asegurado Turrión.
"No ha buscado en el sitio adecuado", ha señalado Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. "Desde el punto de vista legislativo administrativo es ilegal e imposible que el mecanismo no fuera el de la concesión por la Dirección General de Trabajo y el pago por parte de IFA/IDEA, pues los estatutos del ente no le permite conceder ayudas sociolaborales".
"El mecanismo de concesión está en el convenio marco de 2001 que está citado en la memoria presupuestaria", ha añadido. Para Zornoza, las fichas "no tienen que explicar estas cosas, pues instrumentalizar la materialización de las ayudas a través del IFA significa hacer efectivo el pago".
Tras un intenso debate sobre este asunto y en el que se ha aludido a distintas sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, Zornoza ha hecho referencia a un dicho de Cantabria --"¿De dónde vienes? Manzanas traigo"-- para criticar que Turrión "no contesta a la pregunta y responde siempre con uno de sus mantras", lo que ha motivado que éste señale que es la segunda vez que el perito de Griñán se refiere a sus afirmaciones como "mantras". "No puedo dejar de decir las irregularidades que se han producido 270 veces en las ayudas analizadas durante diez años, las incorrecciones en la concesión de subvenciones y la incorrecta elaboración de los presupuestos", ha afirmado.
Zornoza: "Turrión mezcla peras con manzanas". Turrión: "Zornoza entiende lo que quiere entender". En este cruce de intervenciones, el tribunal ha recriminado a Zornoza que "no es admisible las descalificaciones a las tesis de otro perito". Además, le ha recordado que "se tiene que dirigir al tribunal no al perito".
SI NO SON SUBVENCIONES "SE CAEN" LAS TESIS ACUSATORIAS
Cabe recordar que este martes José Ignacio López, perito de parte propuesto por la defensa Antonio Fernández, aseguró el Gobierno andaluz "carecía de competencias y normativa" para regular las ayudas investigadas, ya que la competencia para su legislación corresponde al Estado y a la Junta su ejecución", en función del artículo 17 del anterior Estatuto de Andalucía.
Además, añadió que la Orden de 1995 por la que se determinan las ayudas que podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas "ofrecía cobertura suficiente para respaldar" las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.
En este sentido, este miércoles ha dicho que en la Orden Ministerial está "el parámetro de la legalidad de las ayudas", pues ha expuesto que cumple con "la concesión directa, la discrecionalidad y la no necesidad de publicidad y concurrencia".
Turrión ha compartido con López que la legislación aplicable es la laboral pues son "subvenciones laborales", así como que la competencia de la Junta es "la ejecución y no la legislación". Si bien, considera que la Orden Ministerial no ampara las ayudas a empresas sino "exclusivamente" a trabajadores, como defiende el perito de Fernández. Además, Turrión ha añadido que en los expedientes de las subvenciones "nunca" se citó la Orden Ministerial sino la Ley General de Subvenciones.
Para López, en los informes de la IGAE y en el informe de fiscalización de las ayudas de la Cámara de Cuentas existe "una falta de consecuencia porque si la legislación es la estatal, no es lógico derivar un catálogo de irregularidades en las ayudas a partir de la Ley de Subvenciones, que no es aplicable".
Por su parte, el profesor Juan Antonio Carrillo ha reconocido que en el Gobierno andaluz "hubo muchísima confusión conceptual y con efectos perniciosos por parte de la Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas, que han confundido la naturaleza jurídica de las ayudas presuponiendo que era subvenciones y de esa presunción se han sacados conclusiones muy graves".
A su juicio, es "tan capital" este debate de si son ayudas o subvenciones pues las tesis acusatorias se sostienen en "dos pilares", que "niego", y que derivan del carácter subvencional de éstas y del marco normativo correspondiente. Al apuntar la Intervención General de la Junta en sus informes que se dieron las ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", que es el subvencional, "si no son subvenciones se les cae".
