Reclama "sensibilidad" al gobierno de Díaz para "dar respuesta a las necesidades de muchos cordobeses con graves problemas para acceder a sus viviendas"
CÓRDOBA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular llevara una moción a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba para pedir a la Junta de Andalucía un Plan de Accesibilidad Residencial dirigido a personas mayores, dependientes y discapacitados, según ha anunciado este miércoles la vicesecretaria de Fomento y Medio Ambiente del PP cordobés, Laura Ruiz.
En una nota, Ruiz ha recordado como el día 30 de enero de 2012 la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) firmaron el Pacto por la Accesibilidad, cuyos objetivos se definen en torno a cuatro áreas: Concienciación y Formación, Normativa, Actuaciones de Fomento y Participación. Entre las actuaciones de fomento, se prevé la elaboración de planes de accesibilidad y programación de actuaciones.
"Si unimos a estos datos los derivados del Informe Especial del Defensor del Pueblo 'El Parque Residencial sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad', las cifras arrojan que nada o muy poco se ha hecho en esta materia y queda mucho por lograr", según ha lamentado la popular.
En Andalucía se estima que existen 581.000 viviendas de tres o más plantas sin ascensor, lo que supone que hay 1.765.513 personas ocupando estas viviendas sin ascensor. De ellas se estima que el diez por ciento son discapacitadas, es decir, 165.000 personas, "sin embargo estamos hablando de edificios que suelen tener más de 50 años, por lo que los ocupantes son en su mayoría personas mayores con dificultades de accesibilidad", apunta.
La nueva Ley 8/2013 de 26 de Junio de Rehabilitación, regeneración y renovación urbana, facilita la realización de obras para la supresión de barreras arquitectónicas, y viene a dar respuesta a algunas de las dificultades legales que señalaba el Defensor del Pueblo como el quórum exigido por la Ley de Propiedad Horizontal, pasando de la necesidad de 3/5 a la mayoría simple para la decisión de la Comunidad de Vecinos.
La Ley 26/2011 sobre derechos de las personas con discapacidad obliga a garantizar la accesibilidad a estas personas, con ascensor, salva-escaleras o rampas, mediante "ajustes razonables" en todas las edificaciones ya existentes antes del día 1 de enero de 2016. Pero no se definen dichos ajustes, por lo que en la práctica "es difícil su aplicación".
Al respecto, indica que en Andalucía, el Decreto 293/2009 de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación, y el transporte contempla una obligación genérica de adaptación de los inmuebles públicos y privados, en un plazo de diez años desde su entrada en vigor, lo que se cumple en 2019.
"Este objetivo será imposible sin el impulso y las ayudas necesarias por parte de la administración competente, la comunidad autónoma, y por ello, pedimos sensibilidad al gobierno presidido por Susana Díaz para poder dar respuesta a las necesidades de muchos andaluces y cordobeses que tienen graves problemas para acceder a sus viviendas", subraya Ruiz.
La reciente aprobación del Real Decreto 233/2013 de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, con una vigencia 2013-2016, por el Gobierno de España del Partido Popular ofrece todo un programa de fomento de la rehabilitación edificatoria destinado a garantizar una vivienda digna, accesible, y adecuada.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
Desde el PP quieren llevar esta iniciativa a las corporaciones locales de la provincia para que insten al Gobierno andaluz de PSOE e IU a aprobar un Plan Autonómico de Accesibilidad Residencial, para cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto 293/2009, que regula las normas para la accesibilidad, especialmente la relativa a la instalación de ascensores.
Además, creen "necesario" establecer los mecanismos para la información a las comunidades de propietarios de los cambios introducidos en la legislación para lograr el objetivo de la accesibilidad, así como de las líneas de ayudas estatales en vigor. Y establecer una línea de ayudas autonómicas para prever los supuestos en los que los miembros de la comunidad de propietarios, o alguno de ellos, no pueda asumir los costes que conllevarían tales obras.
"La administración autonómica en Andalucía debería impulsar la aprobación de un acuerdo-marco de colaboración con las corporaciones locales en materia de financiación de las políticas públicas de vivienda conforme a la normativa vigente con el objeto de dotar a éstas de los medios necesarios para su cumplimiento, además de fomentar e impulsar la aprobación de Planes Municipales de Accesibilidad Residencial, en el que se delimiten las áreas de actuación prioritarias de iniciativa pública, y de colaboración público-privada", afirma la vicesecretaria popular.
