GRANADA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Justicia del PP en el Parlamento andaluz, Juan Ramón Ferreira, ha tachado este viernes la Oficina Judicial y Fiscal aprobada por la Junta como un "proyecto virtual" sin "presupuesto, sin planificación y sin consenso con los trabajadores", que se va a desarrollar "como prueba piloto" en Vélez Málaga y en El Ejido exclusivamente.
A juicio de Ferreira, "resulta paradójico que mientras el consejero del ramo, Emilio de Llera, califica el proyecto como pionero, revolucionario e innovador, para los sindicatos y profesionales sea un proyecto propagandístico y que ataca a los trabajadores".
Además, ha censurado que "después de diez años perdidos y de mala gestión, ahora vuelvan a rescatar del baúl de los recuerdos un proyecto que venden como novedoso cuando en realidad se ha hecho sin presupuesto, sin planificación y sin consenso con los sindicatos de funcionarios y trabajadores".
Por otro lado, el Partido Popular ha señalado que el presupuesto para el año 2014 de la Consejería de Justicia para obras de oficina judicial es de 70.000 euros, por lo que se ha preguntado "qué actuaciones y transformaciones se pueden hacer con ese dinero".
Ferreira ha reseñado que el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha planteado en el TSJA un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión de la entrada en vigor del decreto "al considerar que se han incumplido las normas de negociación con los trabajadores". Además, ha afirmado que "se han producido concentraciones y encierros en algunas ciudades andaluzas".
Por último, ha criticado la "pésima gestión" en materia jurídica por parte del Gobierno andaluz, concretamente de la Consejería, por "presentar de manera propagandística y electoral un proyecto piloto en dos partidos judiciales de un total de 87 en toda la comunidad autónoma, a pesar de todas las deficiencias y retrasos en la modernización de la Administración de Justicia andaluza", ha dicho.
Por todo ello, ha exigido a la Junta "que se comprometa de verdad en la mejora de la Administración de Justicia para prestar a los ciudadanos un servicio público de calidad al tratarse de un derecho fundamental en una sociedad democrática".
