SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A defenderá el jueves una proposición no de Ley ante el Pleno del Parlamento en la que demanda que se inste a la Junta a demandar al Gobierno central que garantice la sostenibilidad y financiación del sistema de Dependencia en España.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el
PSOE-A plantea que la Junta reclama al Ejecutivo nacional que ponga en marcha todas y cada una de las medidas incorporadas en el Informe de la "Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades asociadas a la dependencia", aprobado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en octubre de 2017.
Otra demanda al Ejecutivo nacional consiste en que modifique el sistema de financiación del sistema de dependencia, de manera que se mantenga el carácter finalista del mismo, se tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación, se priorice los servicios sobre las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas y que sea garantista de un esfuerzo equitativo entre Estado y comunidades autónomas, respetando la financiación 50-50.
Asimismo, el Grupo Socialista pide que la Junta plantea al Gobierno central que se recupere durante este año, al menos, las cuantías del nivel mínimo y nivel acordado de financiación previstas en la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que haga posible la sostenibilidad del sistema y la atención a las personas en situación de dependencia.
Según el PSOE-A, en el citado informe sobre la situación del sistema de la Dependencia,se cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado (283 millones de euros menos cada año) y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo (un 13% menos cada año), produciendo un quebranto económico a las comunidades autónomas.
El PSOE-A señala que, según dicho informe, una financiación equitativa acorde con la ley hubiese obligado al Gobierno central a aportar 1.700 millones de euros más cada año, lo que hubiese generado más de 100.000 puestos de trabajo y aportaría retornos económicos al Estado de más del 40 por ciento.
Añade que, fruto de estos "recortes y retrocesos" en la implantación de la ley por parte del Gobierno Central, Andalucía ha dejado de percibir más de 625 millones de euros, con los que se podría haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia, lo que hubiera supuesto a su vez la generación de más de 25.000 empleos directos.
Para los socialistas, el informe demuestra que el actual sistema de financiación, además de no ser equitativo en cuanto a las aportaciones que las administraciones públicas realizan a la financiación del sistema (80% comunidades autónomas y 20% administración general del Estado), no es neutro en cuanto al tipo de prestación, puesto que prima la prescripción de las prestaciones más económicas sobre las de coste más elevado.
El Grupo Socialista apunta que, según los datos del Imserso, a 31 de diciembre de 2017, Andalucía atiende a 196.730 personas con 254.062 prestaciones, siendo 183.148 (72,09%) prestaciones de servicios frente a 70.914 (27,91%) prestaciones económicas, por lo que sigue liderando el número de personas atendidas a nivel nacional.
