Junta dice que pondría "en la calle" a cargos imputados tras sospechar PSOE-A de "irregularidades" en Agricultura

Luis García Navarro y Lourdes Fuster, abogados del PP-A en el caso ERE, en una foto de archivo.
Luis García Navarro y Lourdes Fuster, abogados del PP-A en el caso ERE, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha querido dejar claro este miércoles que "el Gobierno del cambio" de PP-A y Ciudadanos (Cs) "pondrá en la calle" a cargos de la administración autonómica que se demostrara que están "imputados", y ello después de que el PSOE-A haya reclamado al Ejecutivo que cesen los nombramientos con "síntomas de irregularidades" que, a su juicio, vienen realizando en dicha Consejería.

   Ha sido en el transcurso de una pregunta que el diputado socialista Gerardo Sánchez ha formulado a la consejera en la comisión parlamentaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre el nombramiento del coordinador provincial de los agentes de Medio Ambiente en Granada.

   Sánchez ha apuntado que hay nombramientos en el ámbito de dicha consejería que "parece que responden más a pagos de servicios al PP desde las instituciones que designaciones y procedimientos en función del mérito, la experiencia y la capacidad".

   Según ha abundado, esta "tendencia a nombramientos dudosos" empezó con el del nuevo presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), el ex parlamentario del PP José Cara, "investigado por corrupción en los tribunales en el llamado 'caso Hispano Almería'".

   Sánchez ha continuado cuestionando el nombramiento de la delegada territorial de Agricultura en Granada, María José Martín, de su propio hermano como coordinador de agentes ambientales en la misma delegación, una decisión que, según ha señalado, "se ha rectificado y que, también por eso, se tiene que explicar con todo detalle por parte del Gobierno de la Junta".

   El portavoz socialista ha advertido de que "la tendencia continúa, y de manera grave, con la colocación de Lourdes Fuster, abogada del PP en el 'caso ERE', como subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de la Junta (Amaya)", en un procedimiento público que "curiosamente", según ha insistido, se ha resuelto en un par de días aunque contaba con más de 40 participantes y que sugiere "el pago de los servicios prestados al PP desde la administración pública".

   Gerardo Sánchez ha indicado que desde el Grupo Socialista ya se está reclamando el expediente del proceso selectivo en Amaya, reiterando que desde la Consejería de Agricultura "y todo el Gobierno de las derechas tienen que rectificar este despropósito de colocaciones en las instituciones que huelen demasiado a enchufismo, nepotismo y pago de servicios interesados".

CRESPO REPLICA A SÁNCHEZ QUE HA ESTADO "IMPUTADO EN DOS OCASIONES"

   Por su parte, la consejera Carmen Crespo ha replicado que "si aquí hay alguna persona imputada" y se demuestra, "no haremos como el PSOE", que "ha mantenido imputados en los cargos de la Junta", y "al día siguiente irá a la calle", pero ha recordado que ya se ha producido la renuncia del coordinador provincial de agentes de medio ambiente cuya designación ha criticado el PSOE-A, y que José Cara "no ha sido citado en calidad de investigado ni hay constancia de ello".

   De igual modo, se ha preguntado si Lourdes Fuster, "por ser cercana al PP, ya no puede entrar a trabajar en la Junta en un cargo de subdirectora". En esa línea, ha defendido que el expediente de su designación "es público", y la competencia de dicha abogada "es indiscutible", al igual que "su formación" para el cargo.

   Por tanto, "de escándalos nada", según ha aseverado Crespo, que además ha considerado que Sánchez debería "hablar con menos frivolidad" de este tema porque "ha estado imputado en dos ocasiones, con temas que tienen que ver con el centro comercial de Granada" por el que la Junta "ha tenido que pagar mucho dinero gracias a su actuación", y "como consecuencia de una situación jurídico penal en los vertidos ilegales" del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada.