SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Abelardo Bracho Arcos, abogado de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) y autor de dos informes sobre cinco expedientes de ayudas concedidas en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, ha señalado este miércoles que aconsejaron a la Dirección General de Trabajo, órgano que encargó sendos informes, que no debían seguir pagando las cantidades pendientes por estas ayudas por un conjunto de circunstancias que "nos hacía dudar de que las ayudas tuviesen sentido".
Así lo ha declarado este miércoles Bracho, que ha comparecido como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE irregulares entre los años 2001 y 2010.
Bracho, que trabaja en la firma auditora desde 1990 como abogado en el área de derecho mercantil, ha explicado que en 2009 realizó, junto a César Girón, el siguiente testigo en el juicio, dos informes de análisis y viabilidad de empresas turísticas y de empresas de productos locales y del sector alimentario, a petición de la Dirección General de Trabajo, cuyo titular entonces era Juan Márquez, acusado en esta procedimiento.
La petición de la Dirección General de Trabajo fue "directa", a través de un compañero del departamento de consultoría de PwC, firma que auditaba anualmente al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente que materializaba el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, que recibiría fondos del programa presupuestario 31L a través de transferencias de financiación desde la Dirección General de Trabajo, herramienta presupuestaria que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas dadas.
La Dirección General de Trabajo le proporcionaron cinco expedientes referentes a ayudas para su revisión, de los que analizarían su contenido y realizarían algunas recomendaciones al órgano gestor. Bracho ha señalado que no mantuvieron reuniones con responsables de la Dirección General de Trabajo ni recibieron indicaciones o comunicaciones al respecto.
Según ha precisado, él se encargo del área mercantil y societario y Girón del derecho administrativo y público.
EMPRESAS "SIN TRABAJADORES"
El representante del Ministerio Fiscal ha preguntado a Bracho qué le llamó la atención de la revisión de los cinco expedientes. "Eran sociedades vinculadas, de reciente creación, poca sustancia económica y en muchos casos sin trabajadores", ha expuesto, precisando que además de la concentración geográfica las empresas estaban vinculadas a "dos señores", en referencia a José Enrique Rosendo --ya fallecido-- y José María Sayago, empresarios de la Sierra Norte que recibieron 34 millones en ayudas de la Dirección General de Trabajo para su entramado empresarial y que están siendo investigadas en una pieza separada de los ERE.
En este sentido, ha añadido que le "sorprendió mucho", aunque no es experto en derecho administrativo, que en las resoluciones analizadas se recogieron que eran subvenciones "incondicionales".
Entre las recomendaciones que le dieron a la Dirección General de Trabajo, que les planteó si había posibilidades de reclamaciones a beneficiarios, Bracho ha recordado que aconsejaron que "no debían pagar" las cantidades pendientes de las ayudas por "un conjunto de circunstancias", como las señaladas anteriormente (concentración geográfica, empresas vinculadas a dos personas,...), y "otras", que "nos hacía duda de que las ayudas tuvieran sentido". A su juicio, cabía posibilidades de revisión de oficio de las subvenciones concedidas.
"No recuerdo que hubiera solicitudes, ni memoria justificativa de las ayudas", ha afirmado, aclarando que las resoluciones de la concesión eran "un escrito breve firmado por el director general de Trabajo", en este caso Francisco Javier Guerrero, juzgado en esta causa, siendo su sucesor, Juan Márquez, quien encargó los informes. En las mismas resoluciones se usaba los términos "incondicional y específica" al referirse a la subvención dada, que algunas estaban pagadas en su totalidad y otras no.
Tras entregar el informe en mayo de 2009 a la Dirección General de Trabajo, por el registro, no mantuvieron reuniones o comunicaciones con este órgano sobre el mismo.
A preguntas del Ministerio Fiscal, Bracho ha señalado que el ex director general de IDEA Jacinto Cañete, acusado en este juicio y que dejó el cargo en la Agencia en 2009, pasó a formar parte, como responsable, del área de consultoría de PwC con funciones de asesoramiento. Si bien, a preguntas del abogado defensor de Cañete, ha precisado que éste "no tuvo relación" con las personas encargadas de auditar anualmente IDEA.
Tras concluir la declaración de Abelardo Bracho sobre las 12,40 horas de este miércoles y esperar unos 50 minutos para la organización del orden de los siguientes testigos de la vista, pues el siguiente estaba citado a las 16,00 horas para la sesión de tarde, el tribunal ha dado por concluida la sesión de mañana, citando a las partes a las 15,00 horas para continuar con la fase testifical.
