SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha asegurado que "ha recibido con preocupación la resolución provisional dictada por la Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía y de su director general" mediante la cual ha "procedido a denegar cualquier tipo de ayuda a esta entidad y generaba una situación de desprotección a todos sus usuarios víctimas de racismo, islamofobia", mientras, la Consejería de Igualdad ha advertido de que se tratan de "subvenciones por concurrencia competitiva y no nominativas".
Un portavoz de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha sostenido que "los criterios de adjudicación son públicos" y ha abierto la puerta a que esta asociación "pueda reclamar si considera que su exclusión es injusta".
La Red Andaluza de Inmigración ha afirmado que "ha solicitado de forma urgente una reunión con el titular de la Dirección General de la Junta de Andalucía", así como ha iniciado el trámite para solicitar "el amparo mediante denuncia ante el Defensor del Pueblo de Andalucía" al indicar que "la resolución provisional carece de los elementos formales y de motivación que exige la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo".
Esta asociación ha sostenido que "la Junta de Andalucía, al haber dictado la resolución tan tarde, está primando el intentar cerrar la convocatoria a pesar de saber que existen graves defectos de tramitación en todo este procedimiento".
Además de estos trámites, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado "a los grupos parlamentarios mediante escrito una ronda parlamentaria de reuniones para exponer las graves consecuencias de la actuación de la señora consejera de Igualdad", petición a la que ha añadido la solicitud de que "comparezca la consejera ante la Comisión del Parlamento de Andalucía para exponer la situación de esta convocatoria".
Esta asociación ha sostenido que "no descarta acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para declarar la nulidad de la convocatoria, y pedir de esta forma "responsabilidad por esta tramitación".
La Red Andaluza de Inmigración ha calificado en un comunicado de "atropellada tramitación de las subvenciones y ayudas que derivan del 0,7 del IRPF, ayudas que emanan directamente de la aportación de los impuestos de todos los andaluces".
Esta asociación ha reivindicado su trayectoria, de la que ha señalado que han "sido propuesto para subvención en otras convocatorias y de ser un programa de lucha contra el racismo y la xenofobia, con financiación estatal desde 2016, y que venía avalado por la propia área de inmigración de la Junta de Andalucía, por considerarse estratégico", a lo que ha sumado otros hitos en su labor como "la muerte de un joven en el centro de menores de Tierra de Oria", asunto donde ha esgrimido que "la Junta de Andalucía ni siquiera se ha personado".
"La Red, a través de sus asociaciones en Andalucía, ha mantenido siempre activos los programas para la lucha contra el racismo, sosteniendo en solitario varias causas de amplio interés para la comunidad que lucha contra el racismo y la xenofobia como es la propia personación en casos de delitos de odio por componente racial, en los que efectivamente la Junta de Andalucia no acude, como sí se hace en otros tipos de delitos como los de violencia de género", ha afirmado esta asociación en su comunicado.
"Esta situación, provoca que las organizaciones sociales andaluzas tengan que asumir, para paliar esta situación, la defensa de los casos", ha apostillado.
"La Junta de Andalucía pone fin en Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas, donde si se ha financiado este programa históricamente de forma ininterrumpida, a un servicio pionero en materia de delitos de odio", ha indicado en su comunicado.
La Red Andaluza de Inmigración ha expresado "su preocupación por sus usuarios en toda Andalucía" así como por los casos ya abiertos, "algunos de grave importancia", ha expresado, por afectar a "situaciones no investigadas por la Junta de Andalucía que afectan a menores bajo medidas de protección y otros grupos sociales víctimas de exclusión social de servicios públicos de la Junta de Andalucía", una circunstancia que, ha señalado, "coincide con la anulación de este programa".
