SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, reunida este miércoles con la representación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de las centrales sindicales de referencia, ha acordado solicitar del gabinete jurídico un informe que defina la viabilidad y que ofrezca garantías respecto al pretendido proceso de unificación de las ofertas ordinarias de empleo público de 2016 y 2017.
Para CSIF, según ha explicado a Europa Press la responsable del Sector de Sanidad en Andalucía, Eloísa Bernal, es "fundamental" ofrecer garantías jurídicas suficientes en el proceso, por lo que la posibilidad de acumular dichas ofertas debe ser refrendada por un informe de este gabinete para poder tomar decisiones con respaldo legal, algo que "la mesa ha reclamado de manera unánime".
En parecidos términos se ha expresado CCOO --promotor de la reivindicación de unificación junto al propio CSIF y a UGT--, que ha explicado que uno de los aspectos por los cuales se apoya esta solicitud es que hay categorías muy minoritarias que podrían ver su número de plazas sensiblemente aumentado. Asimismo, se propiciará que los profesionales sólo deban presentarse a un proceso selectivo, evitando la competencia de otras comunidades autónomas y garantizando un procedimiento "mucho más ágil".
El responsable de Negociación Colectiva-SAS de la Federación de Sanidad de CCOO-A, José Antonio Aparicio, ha expuesto a Europa Press que la administración, que ve esta posibilidad de forma favorable, ha resuelto pedir el informe para "ir más allá" de un mero beneplácito verbal.
Asimismo, Aparicio ha puesto el foco en el hecho de que la administración haya accedido a poner en marcha un concurso de traslados, aspecto demandado por los profesionales fijos, "muchos de los cuales no pudieron optar al último porque no tenían el periodo mínimo de dos años que se exige", algo que posibilita combatir la "intranquilidad" de muchos de éstos.
Sin embargo, desde el sindicato Satse se ha explicado a Europa Press que "hay que resolver el actual" antes de centrarse en futuros procedimientos. Asimismo, la central también se opone a la unificación de ofertas al entender que hay al menos unas 100.000 personas inscritas en las de 2016 "a las que no se les pueden cambiar las condiciones". Por ello, también han abogado por un informe jurídico.
Por otro lado, Satse ha expresado su queja por el cumplimiento de la nueva jornada de 37,5 horas, al considerar que se piden "exigencias que no se dan en otros sectores" en el ámbito sanitario, concretamente en lo tocante a formación.
