El SAT sigue esperando el desalojo judicial de la finca ocupada ahora hace un año en Jaén

Vista del cortijo Cerro Libertad
CERRO LIBERTAD - Archivo
Actualizado: lunes, 2 abril 2018 19:07

JAÉN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas llevan esperando durante toda la jornada a que se haga efectiva la orden judicial de desalojo de la finca ocupada desde hace un año por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Según se fijó por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén la orden se ejecutaría a las 12,00 horas de este lunes, pero por el momento no se ha llevado a cabo, tal y como ha indicado a Europa Press el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina. La propiedad, de 74 hectáreas y propiedad de una entidad financiera, está situada a cuatro kilómetros de Jaén capital y fue bautizada tras la ocupación con el nombre de Cerro Libertad.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tramitó el martes, 27 de marzo, el recurso de amparo al Tribunal Constitucional para tratar de frenar el desalojo de la finca 'El Aguardentero', rebautizada por el propio sindicato como 'Cerro Libertad'.

"Nosotros seguimos aquí esperando y no estamos dispuestos a abandonar todo el trabajo que hemos hecho", ha indicado Reina. Ha añadido que desde el juzgado no se les ha comunicado nada por lo que "no sabemos si es que están esperando a que se resuelva el recurso de amparo impuesto porque a nosotros no se nos ha comunicado nada".

La única novedad ha sido la presencia de una patrulla de la Guardia Civil que no ha podido acceder esta mañana a la finca ya que el camino se encontraba cortado por una barrera de piedras, pero a parte de eso "no hemos tenido ninguna visita más".

El recurso de amparo se basa textualmente "en la no aplicación de la ley por parte de la Junta de Andalucía" a la finca que el SAT está recuperando desde hace un año "tras seis años de abandono" por parte de la entidad BBVA. Además, la organización de trabajadores afirma que el Gobierno andaluz, "con la ley en la mano, podría proceder a la expropiación de la finca para que pase a cumplir una función social que ahora mismo no está cumpliendo".

El recurso argumenta que la provincia de Jaén "se ha convertido en los últimos años y como producto de la crisis en uno de las zonas con mayores índices de desempleo, marginalidad y desigualdad de toda la Unión Europea". Además, muchas poblaciones dependen del monocultivo del olivar para su subsistencia y "con altas tasas de emigración sobre todo en las capas más jóvenes de la sociedad", lo que está provocando un evidente envejecimiento de la población situación "que tiende a agravarse en el mundo rural".

La finca fue ocupada el 1 de abril de 2017 cuando se cumplía un año de la entrada en prisión del que fuera portavoz provincial del SAT, Andrés Bódalo, y se llevó a cabo como una medida más para reivindicar su puesta en libertad.

En junio de 2017, un total de 20 jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se tuvieron que sentar en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 2 para responder de la ocupación. Finalmente, absolvió de un delito de usurpación de bien inmueble a 19 de los 20 acusados y decretaba el desalojo de la finca. Sólo se condenaba a una mujer como autora de un delito leve de usurpación a la que se le impuso una pena de pago de una multa de 180 euros.

Durante el año de ocupación, el SAT subraya que se ha logrado rehabilitar la vivienda y además se han puesto en producción los olivos. Para ello se realizó una campaña solidaria de cuestación de fondos que se cerró con 13.426 euros recaudados y que fueron destinados a la recuperación de esta finca que, según el SAT, cuando se ocupó llevaba más de cinco años abandonada. Además, se ha echado más de 2.000 jornales voluntarios a cargo de más de 300 personas.

El portavoz del SAT en Jaén, Francisco Moreno, ha indicado a Europa Press que esta finca "bien explotada y llevada" generaría más de mil jornales al año, y ha insistido en que frente al derecho a la propiedad debe prevalecer el interés general y social. Desde el SAT se ha intentado cerrar con la entidad bancaria un acuerdo que les permitiera cultivar la finca a cambio de un arrendamiento, pero no ha sido posible ya que "se ha negado a hablar con nosotros".

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