SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
María Ángeles Gala, quien fuera secretaria del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y posteriormente de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, ha asegurado este martes que Guerrero llevaba "directamente toda" la gestión y tramitación de los expedientes de las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por este órgano en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Precisamente, por el procedimiento específico por el que se concedían estas ayudas en la Junta entre los años 2001 y 2010 están siendo investigados en la Audiencia Provincial 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los propios Guerrero y Fernández.
Gala, que se encuentra investigada en otra pieza separada de los ERE, conoció el programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo con el que se pagaban las ayudas sociolaborales "por verlo en los papeles". Ella, en su declaración como testigo este martes en el jucio de la pieza política de los ERE, ha explicado que el trabajo que realizaba como secretaria era "administrativo": "atender llamadas, visitas, llevar la agenda de Guerrero y transcribir lo que le pedía su jefe".
La exsecretaria de Guerrero ha precisado que "no entraba al fondo" del contenido de lo que transcribía, ha señalado que los expedientes administrativos de las ayudas no se custodiaban, sino que se guardaban en un armario "abierto" que se encontraba en el despacho en el que ella trabajaba.
En este sentido, ha manifestado que Guerrero llevaba "directamente toda" la gestión y tramitación de los expedientes, mientras ella y sus compañeras, "el manejo de los papeles, cumplimentábamos los documentos y los guardábamos".
Gala, que conoció el convenio marco de 2001 de la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --posterior Agencia de Innovacción y Desarrollo de Andalucía (IDEA)-- por el que el ente público pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del 31L que este órgano allegaría a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, ha expuesto que se elaboró un modelo de convenios particulares para la concesión de ayudas por los técnicos de la Dirección General de Trabajo y Guerrero y ella los cumplimentaba con los datos que les facilitaba el propio director general.
La información, según Gala, se la pasaban a Guerrero generalmente a través de documentos que le llegaban "después de reuniones" que mantenía, entre otros, con sindicatos, empresarios, comités de empresa. "A veces, tras mantener reuniones en su despacho, salía y me decía 'vamos a cumplimentar un convenio'".
Ha insistido en que ella cumplimentaba los convenios. "Nos mandaban la relación de afectados, que se adjuntaba a la carpeta del expediente y se lo pasaba a Guerrero, quien daba el visto bueno y redactaba la orden de pago", ha explicado. Esta orden de pago la enviaba Gala a IFA/IDEA "por fax a Juan Vela", director de Administración y Finanzas de IDEA, entre 2004 y 2008, entre otros cargos en el ente público. También, según ha añadido, enviaba a IFA/IDEA el listado de beneficiarios.
LOS EXPEDIENTES "LLEVABAN CUADROS CON FECHAS Y CANTIDADES" A PAGAR
De otro lado, Gala ha señalado que conocía a Antonio Albarracín, José González Matas y Carlos Leal, de las mediadoras Vitalia, y Uniter y del despacho Estudios Jurídicos Villasís, respectivamente. "Se reunían con Guerrero", ha afirmado, añadiendo que Leal se reunía con el ex director general porque "llevaba temas laborales y de conflictos con empresas, con quienes negociaba".
Gala, según ha aclarado, no llevaba el control de los pagos realizados, tarea de Antonio Diz-Lois, quien fuera entre diciembre de 2001 y enero de 2006 jefe de servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Dirección General de Trabajo.
La exsecretaria ha afirmado que Guerrero "no" le dio órdenes de apuntar las ayudas en la base de datos de subvenciones de la Junta, ni en el sistema de contabilidad de la Junta, tampoco para mandar los expedientes al interventor general, con quien "no era habitual que Guerrero hablara".
Gala ha declarado en la sesión de tarde de este martes, fijada por la Sala de forma inesperada debido al retraso acumulado en la sesión de mañana con la declaración del exconsejero Antonio Ávila. De esta manera, en la sesión extraordinaria de tarde además de Gala han declarado Rafael Hueso y Manuel Rodríguez, dos sindicalistas implicados en la negociación del convenio colectivo del sector de la limpieza pública en la provincia de Granada en 2006 y que provocó un intenso conflicto laboral.
Sobre este asunto, el pasado mes mayo declaró como testigo Francisco Jardón Arango, expresidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) y representante de FCC y Cespa en la negociación, quien aseguró que Guerrero asumió con dinero del programa presupuestario 31L la subida salarial del convenio colectivo.
Entonces explicó que en una reunión mantenida en la sede de Confederación de Empresarios de Andalucía en Sevilla, un representante de CCOO llamó por teléfono directamente al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, indicándole que había que buscar una salida al conflicto y que tenía que intervenir la Junta. Así ,asistió a una reunión con el ex director general en Málaga, junto al delegado provincial de Empleo en Granada y el representante de CCOO Rafael Hueso.
En este encuentro, Guerrero preguntó a Hueso cuánto suponía la subida y dijo que "lo pagaba la Dirección General de Trabajo" que tenía "consignación" para eso. El acuerdo se transformó en convenio colectivo para los trabajadores de la limpieza de la provincia de Granada.
Pues bien, este martes, Rafael Hueso ha señalado que Guerrero "intervino ya cuando se había llegado a un acuerdo por el convenio pero había que solucionar los atrasos" de las nóminas, precisando que él no estuvo en la reunión en la que el ex alto cargo asumió que la Junta pagaría con fondos públicos esos atrasos y las nóminas. Además, ha recordado que Cespa y FCC no estaban en crisis ni habían presentado un ERE.
Por su parte, Manuel Rodríguez, presidente del comité de empresa de FCC, ha declarado que él no participó en las negociaciones pero "se comentaba que la Dirección General de Trabajo iba a pagar con fondos de la Junta para arreglar la crisis laboral y solucionar los atrasos en las nóminas".
Rodríguez, que sí cobró en la nómina pagada por FCC "900 euros, acordado por convenio", ha apuntado que a ellos les dijeron, todo "a través de CCOO", que "iban a solucionar el problema y nosotros tan contento".
La sesión de tarde de este martes, la número 80 del juicio, también ha contado con la declaración de Antonio Daniel Palenciano Olivares, exdirectivo de EDM, empresa que recibió dos préstamos de IDEA o Invercaria, "no sabe distinguir" que empresa pública, para, entre otras cuestiones, el pago de nóminas.
