CÓRDOBA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de lo Penal número uno de Córdoba dictó ayer sentencia absolutoria 'in voce' sobre el arquitecto, constructor y promotor acusados por la realización de diversas obras, como la construcción de un almacén y una plaza de tientas en una parcela incluida en el ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC) de la zona arqueológica de Medina Azahara, en Córdoba.
Así lo confirmó a Europa Press uno de los letrados de la defensa, quien explicó que "la declaración de la jefa de servicio de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía fue fundamental, ya que fue contundente" al manifestar que "no se había perjudicado para nada el entorno y que aquello estaba mejor que antes".
Durante la vista oral, el promotor y propietario del terreno, F.V., aseguró ayer que ninguno de los procesados tenían intención de actuar contra la legalidad y que se enteró de que la zona estaba afectada por el BIC cuando ya estaba imputado por esta causa.
Explicó que compró una explotación ganadera en funcionamiento, que estaba en muy mal estado, con naves de uralita, por lo que se puso en contacto con el arquitecto para ver cómo se podían reformar y adecentarlo todo porque era peligroso para quien estuviera allí.
Añadió que obró "con la mejor intención" y que le encargó al técnico que todo estuviera supervisado y legalizado, subrayó además que todavía sigue pagando los impuestos de las naves que ya no existen. El promotor señaló que le aseguraron que todo se haría conforme a la legalidad y aseguró que desde que se paró la obra no se ha vuelto a hacer nada allí.
Declaró que confió en el técnico y no estaba pendiente del transcurso de las obras. Su intención "era sólo adecentar la nave para meter a los animales para que no pasaran frío" y concretó que no le encargó al arquitecto que hiciera una nave nueva. Afirmó además que le solicitó a la Junta de Andalucía una instalación para ganado bravo y se lo concedió, por lo que se hicieron corrales y chiqueras, todo desmontable y de madera.
Por su parte, el representante legal de la constructora, R.J.C.D, declaró que fue contratado para la reforma de la nave, que estaba prácticamente derruida, por lo que se vio que no era factible poder llevarla a cabo y se decidió hacer una nueva. Según dijo, tanto el promotor como el arquitecto, le aseguraron que estaba todo en regla.
De este modo, afirmó que todo "le pilló por sorpresa porque desconocía que la finca estaba afectada por el BIC, ya que además existen edificaciones y explotaciones ganaderas al lado", por lo que no pensó que pudiera haber irregularidad, a pesar de que reconoció que los planos de la obra no estaban visados por el Colegio de Arquitectos.
Finalmente, el arquitecto F.J.V.T, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, desde 1988 hasta 1992, también procesado por esta causa, aseguró que fue contratado para reformar una nave y el proyecto fue visado por el Colegio de Arquitectos y presentado al Ayuntamiento.
Aseguró que no hubo ninguna modificación del proyecto y no se planteó hacer una nave nueva, insistiendo igualmente en que desconocía que el BIC abarcara también a esa finca, ya que además señaló que ni siquiera la Gerencia Municipal de Urbanismo califica esa zona concreta como tal. Quiso aclarar que el proyecto que hizo fue para una nave que existe todavía y no sobre la que se derribó.
Por tales hechos, el fiscal pedía para cada uno un año de prisión y diez euros de multa durante 20 meses por un delito contra la ordenación del territorio.
Según su calificación provisional, la Delegación Provincial de Cultura de la Junta constató que en el lugar se había hecho la cimentación de una nave de nueva planta, la excavación y allanamiento de terreno a lo largo de una superficie de 1.000 metros cuadrados para la construcción de una plaza de tientas y otras instalaciones anexas necesarias para manejo de ganado bravo. Asimismo, se construyó un almacén y se hizo la apertura de zanjas para la instalación de riego y conducción de agua para aplicación agrícola y explotación ganadera.
El propietario de la parcela encargó la redacción del proyecto al arquitecto, que redactó un proyecto "que carecía de visado del Colegio de Arquitectos sin haber iniciado además ningún trámite relacionado con la licencia de obras", según apuntaba la fiscalía. La ejecución de las obras la llevó a cabo un empresa, cuyo representante legal es el acusado R.J.C.D., "que era conocedor de la falta de licencia o tramitación de la misma".
