GRANADA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La contratación y anulación de cláusulas suelo puede llegar a "colapsar" la jurisdicción mercantil en Andalucía, si continúa con el "ritmo" de ingreso de asuntos registrados, de hasta un 113 por ciento el pasado año, según refleja el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria anual de actividades y funcionamiento de 2013.
"Estos datos revelan una situación dramática de los Juzgados de lo Mercantil y denotan la imperiosa necesidad de arbitrar medidas que permitan invertir la tendencia de aumento de los asuntos pendientes cada año", ha indicado en la presentación de la memoria el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río.
Sin embargo, ha descendido ligeramente durante 2013 el ingreso de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil, en concreto 1.265, lo que supone un 8 por ciento menos, pese a lo cual la pendencia sigue "disparada" en todas las provincias.
Además, en sentido contrario a la tónica general de menor ingreso de asuntos, los Juzgados de lo Mercantil aumentaron su registro un 14 por ciento, pues se ha producido durante 2013 un "incremento desbordado" de otras materias mercantiles, en concreto un 113 por ciento respecto al año anterior, singularmente temas relacionados con las condiciones generales de la contratación y anulación de cláusulas suelo, "materia que puede colapsar la jurisdicción mercantil si continúa este ritmo de ingreso".
Por otro lado, en materia de desahucios el número de lanzamientos registrados en 2013 (13.689) es similar al año anterior. En cuanto a los embargos registrados, se ha producido un descenso, alcanzando los 24.803 en el último año (el máximo se sitúa en 2009, cuando alcanzó los 51.149).
Los despidos en los Juzgados de lo Social han descendido un 9 por ciento respecto al año 2012, registrándose 22.541, si bien la pendencia es "muy preocupante" y ha subido un 17 por ciento respecto al año anterior. Esto pone de manifiesto la "necesidad de adoptar medidas de apoyo durante 2014 y prestar atención especial a la jurisdicción social", muy "sobrecargada por efecto de la crisis económica", ya que en algunos partidos judiciales están señalando juicios (muchos, precisamente, por despido) con un retraso "incompatible" con el derecho al plazo razonable (dos años o más).
