JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la suspensión temporal solicitada por parte de la empresa que actualmente presta el servicio de transporte urbano, Herederos de José Castillo, SL, del procedimiento de licitación del contrato-puente y el definitivo del servicio de autobús urbano en Jaén. El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá en casación al Tribunal Supremo (TS).
El Consistorio había acordado sacar a licitación el servicio en julio de 2020, mediante acuerdo plenario que ratificó el informe del Consejo Consultivo de Andalucía declarando la nulidad del acuerdo de prórroga del servicio en 2005 y anteriores y que ponía de manifiesto que desde 1961, fecha en la que la empresa consiguió mediante la figura del concierto la prestación del servicio, nunca se ha sujetado este a la ley de contratos ni se ha sometido a licitación ni a pública concurrencia.
Con esta sentencia del TSJA la empresa consigue que se paralice temporalmente el proceso de contratación provisional del servicio ya iniciado y al que ni siquiera concurre y también el abierto para la prestación del mismo por diez años, una paralización solo hasta que haya una sentencia definitiva sobre su recurso contra la declaración de nulidad.
"Nuestra hoja de ruta sigue, esto es solo un paréntesis que se abre, un retraso puntual hasta que el recurso se resuelva y simplemente hay que esperar algo más. Donde este equipo de gobierno quiso dotar cuanto antes a la ciudad de un servicio de calidad ahora es necesario esperar a un pronunciamiento definitivo de los tribunales", ha indicado en rueda de prensa el concejal de Servicios Públicos de Jaén, Francisco Lechuga.
Por su parte, la concejala de Presidencia, África Colomo, ha subrayado que hasta dos veces ha desestimado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén la petición de suspensión del procedimiento de licitación a petición de Castillo. Sin embargo, ha sido el TSJA el que finalmente ha aceptado estas medidas cautelares de la empresa.
"Una sentencia que recurriremos en casación porque entendemos que no hay que esperar a que se resuelva en firme el recurso que Castillo ha interpuesto, ya que se trata de una empresa que en la actualidad realiza una prestación sin contrato y sujeto a grandes deficiencias", ha dicho Colomo.
"No lo decimos nosotros, nos avalan demoledores informes de la Cámara de Cuentas y del Consejo Consultivo que apuntan a que en sesenta años el servicio de transporte urbano nunca se sometió a un proceso de contratación por concurrencia", ha señalado Colomo.
"La razón y la legalidad se encuentran de nuestra parte, esto no es una persecución contra nadie, es que simplemente ante la magnitud de los informes que avalan esa nulidad no podíamos ni podemos como administración mirar para otro lado y así estamos actuando", ha incidido la concejala.
Asimismo, ha señalado que Castillo ha dado testimonio estos días de con qué dificultad, al margen de los pagos del Ayuntamiento, esta prestando el servicio y cómo está cumpliendo con sus obligaciones laborales. "Con esta situación renqueante recurre a estas vías para seguir prestándolo de esta forma", ha afirmado.
En este sentido, el edil de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, ha apuntado que hasta que se resuelva el recurso el Ayuntamiento aplicará el cumplimiento de las medidas oportunas para la prestación del servicio, "dentro del margen que le da no contar con un contrato y un pliego de condiciones que la empresa esté obligada a cumplir, porque nunca lo tuvo en 60 años".
Así la cosas, Colomo ha puesto también el acento en que la sentencia del TSJA abunda en que durante 15 años, once de ellos de Gobierno del PP, no se hubiera recurrido la prórroga que el propio PP realizó en 2005 por 30 años dictada "por órgano manifiestamente incompetente y nula de pleno derecho según el Consejo Consultivo".
