JAÉN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado suspender como medida cautelar la aplicación del expediente de modificación de relación de puestos de trabajo (RPT), valoración y plantilla presupuestaria que afecta a Policía Local y Bomberos que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Jaén el 27 de septiembre del pasado año, algo que solicitaban el PSOE local y el sindicato UGT.
De esta manera, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado en un auto, consultado por Europa Press y recogido este viernes por el rotativo 'Viva Jaén', la petición que ambas organizaciones realizaron para que se suspendiera de forma "cautelar" la aplicación dicho acuerdo plenario, contra el que UGT ya anunció que recurriría por la vía contencioso-administrativa.
Según recoge el propio auto, el sindicato fundamentaba su petición de suspensión cautelar de dicho acuerdo en el "perjuicio irreparable" que conllevaría la aplicación de la resolución impugnada, algo que rechaza la Sala de lo Contencioso del TSJA, que entiende que "los perjuicios económicos son netamente resarcibles".
Además, el auto añade que "la facultad de ordenar las correspondientes plantillas de empleados públicos es una potestad insita en cada una de las administraciones con un amplio margen de discrecionalidad", y "la adecuación de la plantilla orgánica a las necesidades de la administración a través de la modificación impugnada reúne un importante interés público en su inmediata efectividad, el cual no puede resultar desplazado por el mero interés particular de los recurrentes en orden al mantenimiento de su puesto de trabajo para proceder así a la suspensión de su efectividad de aquella".
Así las cosas, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado esa petición de PSOE y UGT, que el sindicato de Policía Local y Bomberos (Uplba) de Jaén ha celebrado este viernes a través de un comunicado, en el que su presidente, Miguel Ángel Portellano, defiende que en el acuerdo aprobado en el Pleno de septiembre "se garantizaba por una parte la prestación del servicio de Policía y Bomberos a la ciudadanía en las necesidades que la administración demandaba, al mismo tiempo que se controlaba la deuda económica que el Ayuntamiento mantenía con estos trabajadores".
