SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El aeropuerto de Sevilla, gestionado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), prevé interponer ante los Juzgados de Primera Instancia una demanda con relación a la "finalización" del contrato de alquiler gracias al cual la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi cuenta con unas dependencias en las instalaciones del recinto aeroportuario, según han informado a Europa Press fuentes del mismo.
Las mismas fuentes han recordado que en diciembre de 2017, el aeropuerto ya formuló una demanda de desahucio ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, por el supuesto "incumplimiento" de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección del aeródromo de San Pablo y esta asociación de taxistas, para el alquiler de este local.
Y es que según el aeropuerto, los términos de dicho contrato de alquiler no contemplarían el uso del local para fines como la explotación de un bar, extremo que llevaba a AENA a solicitar la rescisión del mencionado contrato.
A la espera de una resolución judicial derivada de dicha demanda, el pasado 31 de marzo finalizaba según AENA la actual prórroga de dicho contrato de 2010 y aunque era posible una nueva prórroga siempre que ambas partes estuviesen de acuerdo, la dirección del aeropuerto expone que hace unas semanas remitió un burofax a Solidaridad Hispalense del Taxi, comunicando que daba por acabado el contrato a la citada fecha.
Superada la fecha en cuestión, el aeropuerto ha decidido interponer una nueva demanda de desahucio, esta vez por la "finalización" de dicho contrato de alquiler y para reclamar de nuevo el desalojo del mismo.
Este conflicto acontece, por cierto, en un contexto en el que los principales dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero, están investigados por el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, por los presuntos ataques, coacciones y amenazas sufridos en la ciudad hispalense por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) e incluso otros taxistas.
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
La causa judicial deriva de la investigación policial relativa a los citados y supuestos casos de acoso, violencia y amenazas de taxistas a conductores de VTC que trabajan en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify.
Dicha investigación, promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, sumaría un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense.
Dentro de esta investigación, los agentes registraban el pasado mes de junio de 2017 el mencionado local de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi en el aeropuerto hispalense, cuya parada de taxis está sujeta a una tarifa única.
