17 de septiembre de 2019
2 de noviembre de 2014

Audiencia confirma la fianza civil de 3,1 millones a un empresario que compró cerdos con una ayuda de Junta

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 3,1 millones de euros impuesta por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al administrador y presidente del consejo de administración de la empresa Aglomerados Morell, Jorge Andrés Morell, por comprar "una partida de cerdos" con una ayuda de la Junta de Andalucía.

En un auto fechado el 21 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechaza de este modo el recurso interpuesto por Jorge Andrés Morell y su hijo, Luis Morell, que habían solicitado rebajar a un millón de euros la fianza civil de 3,1 millones que les impuso la juez Mercedes Alaya.

Los imputados recurrieron alegando, en primer lugar, que el Decreto Ley 4/2912 de 16 de octubre de la Junta legalizó las ayudas que fueron concedidas a través de la aseguradora Apra Leven, entidad que intervino en el caso de Aglomerados Morell, pero la Audiencia rechaza "de plano" este motivo porque dicho decreto "no puede en absoluto 'legalizar' la inclusión en la póliza" de dos 'intrusos', como son el propio Jorge Andrés Morell y José Luis Llorente.

Asimismo, los imputados alegaron la vulneración del principio 'non bis idem', ya que, aparte de la presente causa, "se ha incoado un expediente administrativo por parte de la Consejería de Empleo contra Jorge Andrés Morell por los mismos hechos que se le imputan en las presentes diligencias previas".

"TORTICERO"

"Nada más lejos de la realidad, ya que en estas diligencias se le imputa haber participado en la trama fraudulenta" junto al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y los responsables de Apra Leven, entre otras personas, "para obtener ayudas y subvenciones para la empresa, mientras que en el expediente administrativo se reclama a título personal como intruso en el ERE de su propia empresa, en el que se incluyó de modo torticero como trabajador, la cantidad que ha percibido de Apra Leven", dice la Audiencia.

En tercer lugar, los imputados alegaron que la juez debía haber descontado de la fianza la cantidad de 1,4 millones que la Junta ha abonado en virtud de la prima de dicha póliza a Apra Leven relativa a los extrabajadores de Aglomerados Morell, "en virtud de esa presunta trama fraudulenta".

La Audiencia argumenta que "precisamente la presunta participación de los señores Morell en esa trama fraudulenta que culminó en el ERE de los trabajadores de esa empresa justifica la imposición como fianza en el orden de las responsabilidades pecuniarias de esa cantidad entregada por la Junta a la mencionada aseguradora".

Para finalizar, el tribunal recuerda que el importe de la fianza civil impuesta "alcanzaría la cuantía presuntamente abonada a la aseguradora indicada, más las subvenciones obtenidas por la empresa de los recurrentes de la Junta, cuya realidad, cuantía e ilegalidad no se discute" por el letrado de la defensa, "más el tercio correspondiente, resultando así los 3,1 millones en que la juez concreta la referida fianza pecuniaria".

LA RELACIÓN CON LANZAS

En el auto donde impuso la fianza civil, la juez relataba que Jorge Andrés Morell y su hijo, Luis Morell, con motivo del traslado de la empresa a las nuevas instalaciones de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), "concertaron" con Juan Lanzas iniciar un procedimiento de ERE para obtener una subvención de 2,5 millones y así sufragar los gastos que el traslado ocasionaría.

Según la instructora, los imputados y Lanzas habrían "impuesto como condición la necesidad de contratar personal de dicha localidad para beneficiar de cara a las próximas elecciones a la ya exalcaldesa de Villanueva del Río María José Cervantes (PSOE)".

Tras ello, la empresa formalizó una póliza en junio de 2008 para los extrabajadores de Aglomerados Morell "sin que existiera formalmente una solicitud de ERE ni de ayuda sociolaboral alguna" y "pese a no ser necesarios los despidos de los 22 trabajadores" de la empresa.

Así, los imputados, "en connivencia" con Juan Lanzas, "iniciaron dicho procedimiento, pretendiendo así favorecer como medida de 'presión' la concesión de las subvenciones necesarias para efectuar el traslado de la empresa".

Finalmente, fueron incluidos en la póliza un total de 24 beneficiarios, de los que únicamente 22 eran trabajadores de la empresa, pues "se incluyeron como 'intrusos" tanto a Jorge Andrés Morell como a otra persona "que fue dada de alta en la empresa un mes y medio antes del estudio de la póliza".

NUEVA AYUDA

Jorge Andrés Morell trabajó en la empresa entre 1975 y 2000, "causando por tanto baja en la empresa aproximadamente ocho años antes de la formalización de la póliza", por lo que "fue incluido irregularmente en dicha póliza sin que conste ni la edad a fecha de inicio ni el porcentaje de garantía sobre sueldo neto", siéndole asignado un coste de prima al contado de 570.961,50 euros.

La juez relata, de otro lado, que el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, "ante las presiones de la empresa", le concedió una nueva ayuda "si bien esta vez dirigida a una empresa auxiliar" de Aglomerados Morell por importe de 440.000 euros. Márquez "decidió en connivencia con los representantes de Aglomerados Morell concedérsela formalmente y de manera falsa a otra empresa del grupo para evitar que figurasen más ayudas sociolaborales" a la misma empresa.

Alaya asevera que "el importe de esta ayuda laboral parece ser que se destinó a comprar por parte de Jorge Morell una partida de cerdos, actividad absolutamente ajena a la ayuda concedida y al objeto social de la empresa", un destino "que fue conocido en la Dirección General de Trabajo, pues Jorge Morell reclamó a dicho centro directivo el abono de dicha ayuda".

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