ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Rafael Chacón (PSOE), ha querido aclarar en cuanto a las críticas del PP local al proceso de ejecución de avales de Gesi-9, que "el Ejecutivo local no hizo más que cumplir con su obligación al iniciar los trámites para la ejecución de los avales a FCC y que así lo interpretaron los servicios jurídicos municipales", por lo que "confía en que la Justicia finalmente así lo reconozca".
En un comunicado, Chacón explica que el "equipo de Gobierno socialista hizo lo que tenía que hacer al llevar esta propuesta a pleno que, por cierto, tuvo en contra el voto del PP con el consiguiente perjuicio que está ocasionando a los compradores de suelo o naves de Gesi-9".
El responsable municipal valora que "no es lo mismo en un juzgado un acuerdo plenario que cuenta con el voto favorable de todos los grupos políticos, que tener en contra el voto del PP empleando los mismos argumentos que FCC exponía en sus alegaciones a la ejecución de los avales".
"Esto sí que es una historia enrevesada, en la cual el PP de Alcalá da la espalda a muchos industriales y empresarios de la ciudad alineándose con Fomento", ha puntualizado.
Desde el Gobierno local se explica que los 6 millones de euros depositados en el Ayuntamiento por FCC garantizan la necesidad de operatividad de la sociedad, y la ejecución de los mismos y las nuevas condiciones que la entidad financiera ofrece para Gesi-9 sí hacen viable esta sociedad y permiten poder atender todos los compromisos adquiridos total o parcialmente.
Es por todo ello que el Ayuntamiento alcalareño confía en que la Justicia al final acabe dándole la razón en este contencioso.
El Partido Popular ha criticado "la mala imagen que el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, está reflejando de la ciudad al mantener un nuevo desencuentro con la justicia". Los 'populares', tras constatar en sede judicial la decisión del Contencioso Administrativo nº9 de Sevilla de "paralizar la intención del equipo de Gobierno de Gutiérrez Limones de ejecutar un aval de seis millones de euros y resolver el mantenimiento de las medidas cautelares", ha catalogado este hecho de "nuevo varapalo de la justicia en contra de las decisiones arbitrarias e interesadas del alcalde".
