CADIZ, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pasado curso se produjeron en la comunidad más de 26.000 casos graves de indisciplina y violencia escolar, de los cuales un total de 6.661 se produjeron en Cádiz, que encabeza la lista de las provincias andaluzas, según un informe del Consejo Escolar, por lo que el PP reclamó hoy a la Junta que "asuma la magnitud del problema" y ponga en marcha de forma "urgente" medidas "eficaces" para prevenirlo y combatirlo.
En un comunicado remitido a Europa Press, el PP criticó la "falta de sensibilidad y actuación" de la Consejería de Educación ante la violencia en los centros escolares, un problema que, según la vicesecretaria provincial del PP, Mercedes Colombo, la Junta "ha estado minimizando y ocultando durante los últimos cinco años".
Las cifras del Consejo Escolar significan a juicio de la popular que sólo dos provincias andaluzas, Cádiz y Sevilla --con algo más de 65.000 casos--, concentran el 50 por ciento de las denuncias de indisciplina y violencia escolar grave.
Del informe destacó que más de la mitad de los casos tienen relación directa con "situaciones de violencia pura y dura", en referencia a las 3,286 agresiones físicas contra miembros de la comunidad educativa, 2.127 amenazas o coacciones, 1.417 denuncias por vejaciones o humillaciones o los 3.260 casos de injurias y ofensa contra el profesorado. Otro dato "preocupante" hace referencia a los más de 8.000 casos de conductas reiteradas contrarias a las normas de convivencia.
Por todo ello, la dirigente popular consideró que las medidas anunciadas por la Junta hasta el momento son "totalmente insuficientes y están vacías de contenido", citando como ejemplo la propuesta de creación del Observatorio de Violencia Escolar de 2001 y del que hoy en día "ni siquiera se ha elaborado aún el borrador de este proyecto".
Ante todo lo anterior y la "difícil" situación del profesorado que "no ha tenido ningún tipo de apoyo ni ayuda de la Administración", Colombo propuso un decálogo de medidas para combatir y prevenir la violencia escolar, la modificación del Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, un plan de vigilancia que conlleve el cierre del acceso a centros educativos a toda persona ajena al mismo y la instalación de porteros con cámaras, entre otras soluciones.
