El presidente de la Junta asegura que los ciudadanos podrán, con la nueva ley, ir a los tribunales para reclamar ese derecho
SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, rechazó hoy que la normativa que promueve su gobierno para defender el derecho legal a una vivienda digna vaya a suponer que se vayan a dar viviendas "gratis" a los sectores sociales más desfavorecidos --aquellas capas sociales cuyo salario no supere los 3.000 euros brutos al mes--, al tiempo que aseguró que los índices marcados por el Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía (POTA) se cumplirán.
En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Chaves respondió a las aseveraciones del presidente del PP-A, Javier Arenas, de que los alcaldes del PP no suscriben el Pacto por la Vivienda, señalando que "debe ser un problema de información porque los alcaldes populares han apoyado, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el acuerdo entre la Junta y este organismo".
El máximo mandatario andaluz, en este sentido, reivindicó el carácter "pionero" de la medida, al ser la primera ley que reconoce el derecho a los ciudadanos a una vivienda "digna", lo que implica que el ciudadano incluso puede ir a los tribunales a reclamar ese derecho.
Con respecto a la consecución del derecho a una vivienda, Chaves recordó las "condiciones" establecidas para ello, consistentes en que el que quiera alquilar una vivienda "debe pagar al menos el 25% de su salario, y el que quiera comprarla, que no le cueste más del 30%", frente a la situación actual, en la cual el ciudadano "se tiene que hipotecar y pagar mucho más del 50% del salario".
Asimismo, el presidente de la Junta apuntó la pretensión de que de las 700.000 viviendas a construirse en los próximos años, 300.000 sean de protección oficial (VPO), "lo que no quiere decir viviendas para pobres, pues las VPO tienen que ser dignas, habitables y a las que puedan acceder personas no sólo de baja renta, sino sectores como jóvenes o clase media".
Chaves también aseguró, con respecto a la aplicación del POTA, que "no se han hecho concesiones", aunque sí aludió a "una determinada interpretación" de la norma, "pero que ni se ha modificado ni se va a modificar". Por ello, aseveró que los crecimientos de hasta el 30% en vivienda o el 40% en población "se van a mantener", no obstante haber introducido la medida "lógica" de no computar el suelo industrial, "porque impediríamos el desarrollo económico y porque además no es lo mismo el crecimiento en un municipio de 1.000 a 10.000 habitantes que en Sevilla o la Costa del Sol".
