SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) alertó de que en la gestión de los concursos públicos las administraciones "incumplen reiteradamente el espíritu de Ley de Contratos, practicando una manipulación intolerable y fracturando la legalidad, con lo cual los concursos se acaban adjudicando de forma dirigida".
En una nota, el Colegio explicó que entre 2005 y 2009 la oficina de concursos del Colegio realizó un seguimiento continuo de las licitaciones de entidades públicas de la provincia de Sevilla que afectan a los arquitectos, con el objetivo de "corregir los problemas que se detectasen, y para que así los profesionales colegiados pudiesen concursar con transparencia y en igualdad de trato".
En ese sentido, precisó que de los 86 recursos presentados, sólo fueron estimados por las entidades convocantes 24 (el 28 por ciento), y de los 62 desestimados, 37 lo fueron por silencio administrativo, es decir, "que ni siquiera se molestaron en contestar". Asimismo, apuntó que la Junta de Andalucía no ha estimado ningún recurso.
Lamentó que, "ante la falta de colaboración de las administraciones públicas, el Colegio se ha visto obligado a acudir al recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, lo que suele alargar el procedimiento durante años", de forma que "ha ocurrido más de una vez que los tribunales le dan la razón al COAS cuando ya se han construido los edificios o se han puesto en aplicación planes de ordenación luego judicialmente condenados".
Precisó que las irregularidades más frecuentes que se han detectado en los concursos públicos son "la aplicación de criterios subjetivos, la contratación conjunta de proyecto y obra, exigencias profesionales imprecisas o excesivas, el abuso del procedimiento de urgencia y de plazos demasiado cortos, el fraccionamiento arbitrario de contratos o el fomento de bajas temerarias en el presupuesto".
Así, indicó que, por ejemplo es habitual que en los concursos se incluya como criterio la experiencia del licitador, "que no tiene nada que ver con la calidad de la propuesta", o se pida conocimiento de la zona, que más bien es una fase del trabajo, la de recopilar información y estudiarla.
También consideró "un abuso habitual" el obligar a profesionales a concurrir en UTE para simplificar trámites, obligándoles a asumir responsabilidades que no les corresponden.
Asimismo, lamentó que las licitaciones "tienen imprecisiones sobre la titulación requerida, lo que entraña peligro de intrusismo, o contienen exigencias de solvencia que no deben incluirse, cuando el título de arquitecto debería ser el único requisito exigible".
Agregó que otra forma de abuso es que el procedimiento de urgencia "se aplica de forma habitual, dejando el plazo de presentación en el mínimo legal de ocho días, lo que impide hacer una propuesta mínimamente solvente, y despierta por tanto la sospecha de falta de transparencia y limpieza".
Finalmente, lamentó que se están encontrando "muchos pliegos de condiciones en los que la oferta económica se puntúa muy por encima de los aspectos arquitectónicos o funcionales de la propuesta". Añadió que esta práctica "está convirtiendo progresivamente a los concursos en una subasta económica, con bajas temerarias del 30 por ciento y más, y se margina, en cambio, el criterio de que los proyectos sean evaluados por personas con capacitación y titulación adecuada".
El Colegio de Arquitectos de Sevilla dejó claro que esta labor de control de los concursos públicos "no persigue en ningún momento contradecir la acción de los responsables políticos, ni conseguir órdenes de derribo de las obras licitadas y ejecutadas, sino simplemente conseguir que la Justicia estableciese una doctrina que fuera observada por todos".
