SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la asociación de vecinos Martínez Montañés, Rafael Pertegal, advirtió hoy de que la "tensión" crece en el Polígono Sur de Sevilla a cuenta de la situación de las familias del clan de los 'Caracoleños', exiliado del barrio entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana. Y es que a su juicio, pese a los desalojos promovidos por el Juzgado de Instrucción número ocho ante la denuncia de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) contra la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas que habitaban antes de su éxodo, tales desalojos podrían tardar "años" en ser consumados.
En declaraciones a Europa Press, Rafael Pertegal recordó que él mismo ya había advertido de la "calma tensa" que reinaba en el Polígono Sur después de que el 31 de julio de 2009, tras cuatro meses de peregrinaje por diversos asentamientos chabolistas, estas familias ocupasen las 41 viviendas que habían abandonado en este barrio por temor a represalias ante la muerte del mencionado joven, que contaba 17 años de edad. "Esa calma tensa sigue existiendo y es mayor ahora", dijo en alusión a los desalojos ordenados por el Juzgado de Instrucción número ocho a cuenta de la denuncia por ocupación ilegal formulada por EPSA, titular de las viviendas en nombre de la Administración autonómica.
No obstante, y aunque "la tensión es mayor" hoy día, Rafael Pertegal reconoció que los desalojos podrían demorarse "años" a cuenta de las opciones de las que estas familias gozan en el ámbito judicial para impugnar tales resoluciones. "Esto va para largo, probablemente", dijo este histórico dirigente vecinal del Polígono Sur. Por eso, reclamó que las autoridades "empiecen a trabajar con ellos" en el aspecto social cuanto antes, siempre en aras a una "normalización" de la convivencia allá donde habiten.
Ante la citada instancia judicial, como ya informó a Europa Press José Estanislao López, el abogado que representa los intereses de este colectivo de etnia gitana, estas personas responden a la denuncia formulada por EPSA reconociendo que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a sus anteriores moradores. En todos los casos vistos hasta el momento, el Juzgado de Instrucción número ocho les atribuye una ocupación de estas viviendas públicas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para ello y les ha concedido un plazo de diez días para el desalojo voluntario de los pisos, medida ya recurrida por el letrado.
Y es que José Estanislao López, ante la denuncia de EPSA, ya había advertido de que esgrimiría el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que les vincule con las viviendas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció que intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas".
DEL POBLADO DE LOS BERMEJALES A LAS ÓRDENES DE DESALOJO
Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias
De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.
