SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sector de Universidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos de pago conforme al modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, aprobado por el Parlamento, transfiriendo eficazmente los créditos contemplados en dicho modelo y dejando de "asfixiar" a las sedes académicas por la falta de liquidez.
En este sentido, el Sector de Universidad de CSIF-A ha expuesto en una nota que piensa que si no se cumplen, la reunión del pasado lunes 13 de enero de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con los rectores andaluces no solucionará la situación de "estancamiento" y de asfixia económica que actualmente sufren las universidades andaluzas, "poniendo en riesgo la calidad del servicio público de la enseñanza superior y dejando la autonomía universitaria supeditada a la disponibilidad de financiación de un gobierno que ha recortado en 2014 un 4,5 por ciento el presupuesto para las universidades".
Asimismo, desde el Sector de Universidad se rechaza el recorte suplementario del 5 por ciento impuesto por la comunidad autónoma de Andalucía en las retribuciones de sus empleados durante el año 2013 y mantenido por la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, para el año 2014.
Esto, unido a los anteriores recortes del Gobierno central, ha provocado que los empleados de las universidades andaluzas hayan perdido más de un 30 por ciento de su poder adquisitivo con los consiguientes efectos desmotivadores para el personal.
Por tanto, el Sector de Universidad de CSIF-A exige a la Junta de Andalucía que "cumpla sus compromisos" y que ponga sobre la mesa de manera inmediata medidas reales para la financiación universitaria, mientras le recuerda al Gobierno Central que la inversión en investigación ha sido objeto continuo de recortes en los últimos años.
Por último, el sindicato ha solicitado la puesta en marcha de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas para establecer un plan de recuperación del poder adquisitivo perdido y de los derechos laborales "mermados con la excusa de la crisis".
