Tras conocer las "dificultades" de algunas personas con discapacidad para acceder en este curso a los estudios de Grado deseados
SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para que las universidades andaluzas mantengan en septiembre el cupo de reserva a favor de personas con discapacidad que no han podido optar a los estudios de Grado deseados al no ofertarse plazas por el cupo de discapacidad en fase extraordinaria, a pesar de no alcanzar el cinco por ciento de reserva.
Según el texto de dicha actuación, consultado por Europa Press, la Defensoría ha tenido conocimiento de las "dificultades" que han encontrado algunas personas con discapacidad para acceder a los estudios deseados en el presente curso 2014-2015, tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Hasta el presente curso 2014-2015, continúa exponiendo el Defensor, el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, regulaba las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas. En su artículo 51, establecía una medida que permitía a las personas con discapacidad optar al cupo de reserva en septiembre y que consistía en la ampliación de plazas, hasta completar el cinco por ciento de reserva, cuando dicho cupo no se hubiese cubierto en su totalidad en la fase ordinaria por personas con discapacidad y se hubiese completado con personas del cupo general.
Sin embargo, la citada norma reglamentaria ha sido derogada por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, en la que se establece, al igual que en la anterior, que las plazas que no se cubran de cada cupo de reserva pasarán al cupo general pero no se ha regulado expresamente que, cuando se agoten las plazas de una titulación y centro en la convocatoria ordinaria, puedan ampliarse las plazas inicialmente ofertadas con objeto de alcanzar el mínimo del cinco por ciento en favor de las personas con discapacidad.
Según expresa el Defensor en su queja, esto ha supuesto en el presente curso 2014/2015 que algunas de estas personas se hayan encontrado que "no existía oferta de plazas para los estudios deseados en el mes de septiembre, a pesar de que el cupo no se habría agotado, volviendo al panorama existente antes de 2008", lo que "les supone tener que esperar un curso entero para poder desarrollar sus estudios universitarios, a pesar de los esfuerzos realizados para llegar hasta aquí".
En este sentido, el Defensor defiende que la regulación contenida en el Real Decreto 1892/2008 "fue una conquista para este colectivo" a la que "no se puede renunciar tras los esfuerzos realizados desde distintas instancias, entre ellas esta Institución, y que tenía como objetivo último garantizar la presencia del alumnado con discapacidad en las universidades públicas españolas".
Además, destaca que con la garantía de reserva del cinco por ciento "se pretendía amparar su situación de desventaja ya que, precisamente por sus circunstancias de discapacidad, la mayoría de este alumnado no consigue superar sus estudios en la convocatoria ordinaria de junio y debe esperar a la convocatoria extraordinaria de septiembre".
Por tanto, para la Defensoría, la vuelta a la situación previa al año 2008 "supone un paso atrás en la acción en defensa por las personas con discapacidad que debemos reprochar".
"LA SITUACIÓN NO SE COMPAGINA CON LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN"
Además, a juicio del Defensor, la situación actual "no se compagina con la política de protección" a este colectivo que se recoge tanto en la propia normativa general universitaria (LOU, Estatuto del Estudiante, LAU, Estatutos universitarios, etcétera) como en la normativa transversal de atención a la discapacidad y que tiene su mayor exponente en el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
"Teniendo en cuenta las circunstancias expuestas, se ha considerado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de proponer soluciones", y en el curso de la cual "resultaría conveniente dirigirse a las universidades públicas de Andalucía y a la Dirección General de Universidades sugiriendo la posibilidad de ampliar plazas, hasta que representen el 5% de reserva en favor de personas con discapacidad, cuando no se oferte una titulación y centro por haberse cubierto la totalidad de las plazas en la fase ordinaria pero alguna o algunas plazas de este cupo de reserva fueron acumuladas al cupo general en la fase ordinaria por no haber solicitantes suficientes".
