SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido este viernes una reunión con Ecologistas en Acción, donde le han transmitido su "disconformidad" con el anteproyecto de Ley sobre medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, señala que esta "disconformidad" se basa en que supone "una amnistía urbanística que alcanza incluso a edificaciones cuya infracción no ha prescrito", con la consecuencia de que "va a propiciar el que los Ayuntamientos no inicien o no continúen la tramitación de expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionadores, conocedores de que la nueva norma va a incluir esta previsión legal".
Además, a través de un comunicado, consideran que el anteproyecto de ley "no contiene ninguna medida que permita garantizar que la situación creada al margen de la ley, y que ahora se pretende regularizar, no va a repetirse". Asimismo, señalan que las administraciones públicas "que, con su pasividad, han facilitado el que se haya llegado a esta situación, debieran de haber hecho un reconocimiento público de su comportamiento".
Por su parte, el titular de la Oficina del Defensor ha realizado un pronunciamiento claro en el sentido de que, en un Estado de Derecho, "tienen y deben de cumplirse las leyes y cuando una infracción no ha prescrito lo que procede es que las administraciones competentes, conforme al mandato del legislador, actúen".
Sin perjuicio de ello y en lo que concierne a las parcelaciones ilegales en las que se hayan ejecutado edificaciones cuyas infracciones hayan prescrito, esta Institución cree que, tal y como viene diciendo desde hace años, "se debe abordar por motivos ambientales y sociales su posible regularización".
Ahora bien, añade, "tal regularización debe llevarse a cabo valorando, caso por caso, su compatibilidad con otros intereses públicos que pueden entrar en juego como son la protección del dominio público, la del suelo no urbanizable de especial protección, el entorno de bienes declarados de interés cultural, la localización de la parcelación en terrenos inundables, etcétera".
En todo caso, prosigue, "el marco normativo que se genere debe garantizar los principios de seguridad jurídica y de igualdad en el tratamiento ante situaciones similares que se dé a los procesos de regularización".
En cualquier caso, el Defensor concluye que "no cabe hacer ahora una valoración de la modificación que se pretende abordar de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en tanto no se conozca, al menos, el proyecto de ley que se envíe al Parlamento".
