SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las elecciones sindicales celebradas en los servicios civiles de mantenimiento e intendencia de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuya contratación depende de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África; se han saldado con UGT como fuerza sindical más votada con un total de cinco de los 13 delegados del comité empresa; frente a dos delegados cosechados tanto por CSC (Coordinadora Sindical de Clase), como por USO y la federación de asociaciones sindicales Fasga; y uno en los respectivos casos de CSIF y CCOO, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
Estas elecciones sindicales se han celebrado en un contexto en el que recientemente, la Administración de Estados Unidos denegaba las dos reclamaciones o recursos interpuestos por la empresa Vectrus, gestora desde 2015 del contrato correspondiente a los servicios civiles de esta base militar, contra la adjudicación de dicho contrato a la sociedad KBR.
Gracias a la adjudicación de dicho contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, que incluye además el mismo tipo de servicios en diversas instalaciones militares ubicadas en Turquía, KBR relevará a Vectrus al frente de los servicios prestados en la base aérea de Morón en materia de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, servicios de ambulancia, higiene industrial o servicios postales, entre otros aspectos, por un periodo inicial de cinco años ampliable a ocho según la información recogida por Europa Press.
PRECEDENTES
KBR, recordémoslo, formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa entre 2010 y 2015, precisamente antes de que el mismo fuese encomendado a Vectrus.
En ese sentido, durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de un límite de 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.
LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPAÑOL
El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.
El último de estos ERE fue consumado en 2014 con el despido de 55 trabajadores, un despido colectivo declarado "ajustado a derecho" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015, avalada después por el Tribunal Supremo y recogida por Europa Press, desestimaba el recurso de los trabajadores y no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".
Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos".
Así, el Alto tribunal andaluz circunscribía el conflicto a "la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos", reclamando la plantilla que las autoridades españolas aprovechen la revisión del convenio bilateral de defensa con Estados Unidos, para introducir garantías y mejoras laborales en favor de los trabajadores.
